El recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, envió una carta al presidente Donald Trump para expresar sus crecientes preocupaciones sobre la aplicación y el cumplimiento de las licencias federales de exportación para envíos a Cuba.
Según Telemundo 51, el funcionario hizo referencia a las recientes medidas de control adoptadas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos y su Oficina de Industria y Seguridad.
Estas medidas incluyen la revocación de licencias de exportación tras investigaciones que revelaron que algunos envíos de vehículos y equipos relacionados habían excedido los límites permitidos por las normativas federales.
Las licencias revocadas, D1325305 y D1331933, se encuentran asociadas con empresas ubicadas en Miami que operaban bajo autorizaciones federales para enviar vehículos y otros productos a la Isla.
La misiva solicita una revisión federal exhaustiva de las licencias de exportación vinculadas a Cuba, haciendo énfasis en la necesidad de examinar a fondo los usuarios finales y los destinatarios de estos envíos para asegurar que las actividades autorizadas se ajusten a la legislación estadounidense y a las prioridades de seguridad nacional.
Fernández subraya que su responsabilidad como recaudador de impuestos es “hacer cumplir la ley y proteger la seguridad y la confianza de los habitantes de nuestra comunidad”.
También recuerda que la ley de Florida le otorga autoridad para actuar en situaciones que involucren empresas relacionadas con el régimen cubano. Según el Estatuto de Florida §205.0532, su oficina tiene facultades claras para intervenir cuando existen preocupaciones legítimas sobre las actividades comerciales con la dictadura comunista.
Al menos 20 negocios de Miami Dade han sido sancionados con la revocación de sus licencias de funcionamiento tras ser sospechosos de estar realizando comercio con el régimen castrista. En un comunicado oficial, Fernández indicó que estas empresas podrían ser responsables de violar las leyes federales de Estados Unidos.
Como parte de sus investigaciones, la oficina de Fernández envió cartas a 75 empresas solicitando documentación que demostrara que contaban con la autorización legal correspondiente bajo las normativas federales.
De las 75 empresas contactadas, 48 respondieron proporcionando la documentación requerida o demostrando que no mantenían relaciones comerciales con la Isla. Sin embargo, aquellas que no respondieron a la solicitud recibieron una segunda notificación el 25 de noviembre de 2025, advirtiendo que su falta de respuesta sería considerada una violación de la ley federal.
El alcalde de Hialeah, Bryan Calvo, también ha comenzado una investigación exhaustiva sobre más de 290 negocios en su ciudad, sospechosos de tener vínculos con el régimen cubano.
De acuerdo con Telemundo 51, Calvo anunció la puesta en marcha de una orden ejecutiva para crear un grupo de trabajo encargado de revisar las licencias comerciales de estos negocios y suspender aquellas que estén vinculadas al gobierno de Cuba.
El Grupo Asesor de Negocios con Cuba (CUBAT) se encargará de exigir a estas empresas la presentación de toda la documentación y los permisos federales necesarios para operar en territorio estadounidense.
En una segunda fase, los documentos proporcionados por las empresas serán sometidos a un proceso de investigación exhaustivo realizado por los profesionales de la unidad de crímenes económicos de la policía de Hialeah.
El objetivo de esta investigación es asegurar que las empresas no estén violando las leyes de sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, en particular aquellas que prohíben el comercio con el régimen cubano.
