El régimen de Cuba negó que el combustible importado desde Estados Unidos beneficie al Estado, afirmando que los apagones y otros inconvenientes continuarán debido a que el producto va directo al sector privado.
Fue el ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, quien en entrevista con Reuters respondió a las críticas por la llegada de más de 230 millones de dólares en combustible estadounidense a la Isla y aseguró que esos productos no van directamente al Estado, sino a negocios privados autorizados para importarlos.
La explicación ha generado dudas entre los cubanos, que se preguntan por qué continúan los apagones, la falta de transporte público y las dificultades para conseguir gasolina si EEUU se ha convertido en el principal proveedor extranjero de combustible del país.
Entre enero y agosto de 2026, las empresas estadounidenses exportaron a Cuba combustible valorado en 231,7 millones de dólares, según datos del Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba.
Solo en agosto, las ventas alcanzaron los 74,8 millones de dólares. Las cifras corresponden a productos destinados al sector privado, no a entregas de petróleo al Gobierno cubano.
La respuesta del ministro no significa, sin embargo, que el combustible no beneficie indirectamente a entidades estatales. Aunque las importaciones se autorizan para empresas privadas, estas necesitan utilizar instalaciones, depósitos y servicios de distribución que continúan bajo control estatal.
Una investigación de 14ymedio documentó casos en los que estaciones de servicio vinculadas a empresas privadas vendían combustible importado a vehículos de compañías estatales, una práctica que podría incumplir las condiciones de las autorizaciones estadounidenses.
El medio también informó que los privados pagan por utilizar infraestructura de entidades como Cuba Petróleo (Cupet). Por eso, afirmar que el Estado cubano “no recibe ningún beneficio” es una conclusión demasiado amplia.
El Gobierno puede no ser el comprador autorizado, pero sus empresas participan en parte de la infraestructura necesaria para almacenar y distribuir esos productos.
Además, las investigaciones periodísticas no han demostrado que todo el combustible termine en manos estatales, por lo que tampoco sería correcto asegurar que las importaciones se desvían sistemáticamente.
La medida estadounidense responde a una política que busca impedir que el Gobierno cubano obtenga combustible mediante las vías comerciales tradicionales. Tras la interrupción de los envíos venezolanos a comienzos de año y la presión de Washington sobre otros proveedores, México también redujo sus entregas.
En febrero, la Administración Trump permitió exportaciones limitadas a negocios privados cubanos, mientras mantenía las restricciones sobre el Estado y determinadas entidades sancionadas.
La diferencia es importante: Cuba sí recibe combustible estadounidense, pero no en las condiciones ni en las cantidades necesarias para sostener todo el sistema energético. De la O Levy declaró recientemente que las importaciones privadas cubren menos del 3% de las necesidades nacionales.
Mientras tanto, la crisis continúa afectando a la población. La falta de combustible limita el transporte, la producción y la generación eléctrica, pero el problema también refleja años de deterioro de las centrales, falta de inversiones y deficiencias en la administración del sistema energético.
La explicación oficial sobre quién compra el combustible no responde por sí sola a la pregunta de fondo: por qué, después de décadas de control estatal, Cuba sigue sin garantizar electricidad y transporte regulares a sus ciudadanos.
