El régimen castrista, a través del diario oficialista Granma, amenazó con retornar a prisión a los beneficiados de las excarcelaciones anunciadas el pasado 14 de enero, concluidas en febrero.
La medida afecta a personas que obtuvieron su libertad de manera condicionada, tras un proceso mediado por el Vaticano y vinculado a la retirada de Cuba de la lista de Países Patrocinadores del Terrorismo por parte del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, aunque después fue reincorporada por el actual mandatario de ese país, Donald Trump.
Al ofrecer detalles sobre las liberaciones ayer martes, la vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, Maricela Sosa Ravelo, comentó en una entrevista con Canal Caribe que 378 excarcelaciones fueron aprobadas en enero y 175 en febrero, sumando un total de 553 liberaciones.
Según información divulgada este miércoles a través del órgano del Partido Comunista de Cuba, la misma funcionaria enfatizó que quienes no cumplan las restricciones impuestas al salir de la cárcel serán enviados de vuelta a cumplir sus condenas.
Sosa Ravelo explicó que el juez de ejecución es el encargado de informar a los excarcelados sobre sus derechos y restricciones. Entre las condiciones se incluyen la obligación de incorporarse al estudio o al empleo, siempre que el sancionado esté apto y el tribunal lo apruebe. También se impone el deber de mantener un “comportamiento social adecuado”.
Las autoridades han subrayado que estos beneficios “pueden ser revocados” ante el incumplimiento de sus requisitos, lo cual implica regresar al sancionado al establecimiento penitenciario. La funcionaria enfatizó que la “libertad anticipada” es considerada un periodo de prueba, por lo que la sanción original sigue en vigor.
El presidente de la organización Prisoners Defenders (PD), Javier Larrondo, denunció que los excarcelados se encuentran bajo un “régimen carcelario domiciliario” con restricciones que, a su juicio, vulneran los derechos humanos y los procesales. Larrondo sostuvo que, en muchos casos, el gobierno utiliza estas aparentes liberaciones para mantener un control férreo sobre la disidencia.
De acuerdo con PD, de los 553 presos reportados, solo 229 son catalogados como presos políticos, y parte de ellos ya estaba técnicamente en libertad condicional antes de que se anunciara este proceso. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) manejó cifras cercanas (212 presos políticos) y confirmó que algunos beneficiarios ya se encontraban fuera de prisión.
Para Larrondo, estas liberaciones se usan con frecuencia como “moneda de cambio” para obtener ventajas políticas o económicas. No obstante, en esta ocasión el régimen habría “fracasado estrepitosamente” en su intento de mejorar su imagen ante la comunidad internacional, al persistir el control arbitrario sobre los excarcelados.
El caso de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, llamó especialmente la atención, pues tras salir de prisión retomó sus actividades opositoras y denunció públicamente las restricciones impuestas por las autoridades. Por sus constantes declaraciones, este opositor correría el riesgo de ser detenido de nuevo en próximos días.
Otro líder opositor excarcelado es Félix Navarro, quien cumplía una sentencia de nueve años por participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Pese a las expectativas, figuras como Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo ‘Osorbo’, fundadores del Movimiento San Isidro, siguen en prisión. El gobierno de la Isla decidió mantenerlos bajo custodia, según reportes oficiales, sin ofrecer explicaciones claras sobre su exclusión de las listas de liberación.
