Las autoridades cubanas ejecutaron este miércoles el desalojo forzoso de la familia del exministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, de su residencia oficial en el reparto Miramar.
La medida ocurre tras el rechazo definitivo de los recursos de apelación presentados por la defensa del exfuncionario el pasado mes de enero.
La operación de confiscación fue confirmada por el periodista Mario J. Pentón, tras mantener contacto directo con María Victoria Gil, hermana del exministro. El inmueble se sitúa en la calle 24, entre 1era y 3era, en el municipio Playa.
En la vivienda residían hasta hoy la esposa del procesado, Gina María González García, su hija Laura María Gil González, su yerno y una nieta de tres años. La familia denunció la desprotección de los menores y adultos tras la orden judicial.
El desalojo es consecuencia directa de las sentencias dictadas contra Gil, quien recibió una condena a cadena perpetua por espionaje y daño de documentos oficiales. El tribunal ordenó el decomiso de bienes como sanción accesoria a los delitos imputados.
Adicionalmente, el exministro purga una pena de 30 años de prisión por cohecho continuado, falsificación de documentos y evasión fiscal. Según fuentes judiciales, estas causas penales implican la pérdida inmediata de propiedades vinculadas al alto cargo.
María Victoria Gil manifestó su preocupación por el impacto de estas medidas en familiares que no tienen relación con los cargos. Según la presentadora, el régimen busca borrar cualquier rastro de la influencia que tuvo su hermano en el gabinete.
❌Régimen cubano dejará en la calle a la nieta del ministro Gil, de tres años. Así paga la dictadura a quienes le sirvieron pic.twitter.com/P1WIxAy326
— Mario J. Pentón (@MarioJPenton) January 24, 2026
Existe una segunda propiedad en disputa, que fue donada por María Victoria a su sobrina, Laura María, y pertenecía a la familia Gil antes del triunfo de la Revolución. Aunque esta vivienda no fue confiscada, la familia aún teme que el Estado pueda proceder contra ella, como figuraba en la sentencia.
Actualmente, Alejandro Gil permanece incomunicado en la prisión de Guanajay. Sus allegados aseguran desconocer su estado de salud física y emocional, debido a que las autoridades prohíben las visitas y llamadas telefónicas desde su detención inicial.
María Victoria Gil admitió que su hermano disfrutó de privilegios por su posición en el gobierno de alto nivel. No obstante, negó enfáticamente que el exministro haya incurrido en actos de corrupción o enriquecimiento ilícito durante su gestión.
La hermana del exfuncionario sostuvo que Alejandro Gil es un “chivo expiatorio” de las fallidas políticas económicas, especialmente del ordenamiento monetario.
Aseguró que la cúpula cubana utiliza este proceso para desviar la atención del descontento social.
“La única culpa de Alejandro fue conocer demasiado y confiar en personas que hoy lo condenan al silencio”, afirmó María Victoria Gil. La familia calificó el proceso judicial como un “montaje” diseñado para neutralizar al antiguo colaborador del régimen.
La familia anunció que llevará el caso ante instancias internacionales y tribunales europeos para denunciar violaciones a los derechos humanos. Los allegados insistieron en que agotarán todas las vías legales para exponer la situación de Gil y sus descendientes.
