El régimen cubano notificó este lunes 8 de diciembre de 2025 la sentencia de cadena perpetua contra el exministro de Economía Alejandro Miguel Gil Fernández, en un proceso judicial que el oficialismo presenta como un acto de “justicia ejemplarizante”, pero que la sociedad cuestiona por su opacidad y evidente interés político.
La notificación fue difundida en la página oficial del Tribunal Supremo Popular. Según la nota institucional, Gil fue juzgado en dos causas penales cuyas vistas orales se llevaron a cabo entre el 11 y el 29 de noviembre.
En el primero de los procesos, el Tribunal lo declaró culpable de un amplio abanico de delitos, entre ellos espionaje, cohecho, sustracción y daño de documentos bajo custodia oficial, violación de sellos oficiales e infracción de normas sobre información clasificada.
También se le imputaron “actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación”, formulaciones jurídicas utilizadas frecuentemente por la Seguridad del Estado para encuadrar conductas consideradas políticamente sensibles.
Por esta primera causa, Gil recibió una sanción de privación perpetua de libertad, una figura introducida en el Código Penal cubano de 2022, que reemplaza en la práctica a la pena de muerte.
En un segundo proceso independiente, se le atribuyó responsabilidad en delitos de cohecho continuado, falsificación de documentos públicos, tráfico de influencias y evasión fiscal. Por estos hechos, el Tribunal impuso una pena adicional de 20 años de privación de libertad. Además, en ambas causas se ordenó la confiscación de bienes y la prohibición de ejercer cualquier función relacionada con la administración de recursos.
El comunicado del TSP justifica las sanciones afirmando que Gil actuó de un modo “corrupto y simulador”, que recibió dinero de firmas extranjeras y que manipularía a otros funcionarios para adquirir bienes.
La acusación sostiene incluso que puso información clasificada “a disposición de los servicios del enemigo”, una expresión históricamente vinculada a delitos políticos en Cuba.
El texto institucional insiste en la gravedad del caso desde una perspectiva ideológica, subrayando que las supuestas conductas del exministro evidencian una “degradación ética, moral y política” y apelando al Artículo 4 de la Constitución, que define la “traición a la patria” como el crimen más grave.
Esa narrativa coincide con la línea oficial que ha acompañado a la caída del exministro desde su arresto a inicios de 2024, luego de haber sido uno de los rostros más visibles y defendidos de la llamada “Tarea Ordenamiento”.
A pesar de la magnitud de las acusaciones, no se han presentado hasta ahora evidencias públicas que permitan verificar los hechos. Todo el proceso transcurrió bajo estricto control político y sin acceso independiente a la información judicial, lo cual impide confirmar la versión oficial.
De acuerdo con la nota, tanto Gil como la Fiscalía tendrán diez días para interponer los recursos previstos en la ley. Incluso si la sentencia de cadena perpetua no fuera apelada, el Tribunal deberá tramitar una revisión obligatoria como “garantía procesal”.
Una vez resueltos los recursos, las penas podrían unificarse en una sola condena, conforme al Artículo 86 del Código Penal. El Tribunal asegura que el acusado y su defensa reconocieron que se respetaron sus garantías procesales, una declaración estándar en este tipo de comunicados oficiales.
La condena de Alejandro Gil, figura clave del aparato económico del régimen durante años, ocurre en un momento de profunda crisis estructural en Cuba, lo que alimenta las sospechas de que este proceso podría tener un componente de purga interna y búsqueda de chivos expiatorios.
Tiene lo que MERECE, y BASTA de intentar cuestionar los procesos a los que ha sido sometido. Se RESPETARON las normas y los procedimientos previstos en la Ley, esta ESCORIA quien pedia sacrificios al pueblo cubano y a la vez NOS MENTIA, debe PUDRIRSE en prision, y BASTA de solidarizarnos y exteriorizar sentimientos de una familia que ha sido parte de la dictadura castrista, se ha beneficiado de esta y apoyado los vejamenes y violaciones sufridos por cientos de miles de familias cubanas con presos, torturados, asesinados y desterrados.
Este HP y sus familiares se han BURLADO del pueblo cubano y ellos NO MERECEN nuestra solidaridad, NO son ni seran victimas de la dictadura castrista