La Fiscalía General de la República de Cuba anunció que tras una exhaustiva investigación penal contra el exviceprimer ministro y exministro de Economía y Planificación Alejandro Miguel Gil Fernández y otros imputados, ejerció la acción penal pública en representación del Estado y presentó las pruebas al tribunal correspondiente según lo establecido en el Artículo 156 de la Constitución de la República.
La investigación según el comunicado en los medios oficialistas, se centró en una serie de delitos graves que involucran a Gil Fernández en espionaje, malversación, cohecho, falsificación de documentos públicos, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos. En todos los casos, la Fiscalía solicitó penas privativas de libertad para los imputados.
El exministro, destituido en febrero de 2024, fue una de las figuras centrales en la gestión económica del gobierno cubano. En una comunicación oficial, se detalló que el Consejo de Estado aprobó su destitución, citando “serios errores en su gestión”. En consecuencia, los órganos del Ministerio del Interior iniciaron las investigaciones correspondientes, lo que culminó en la formalización de las acusaciones.
Un mes después, los medios oficiales confirmaron que la investigación había sido “minuciosa y exhaustiva”, lo que permitió que la Fiscalía presentara una propuesta sólida al Buró Político del Partido Comunista y al Consejo de Estado. Esto desembocó en la autorización para que se llevaran a cabo las actuaciones legales pertinentes.
De acuerdo con el diario Granma, Gil Fernández había reconocido las imputaciones y, como resultado, presentó su renuncia a sus cargos como miembro del Comité Central del Partido Comunista y Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Este acto de reconocimiento fue destacado por la administración cubana como una muestra de responsabilidad y de “inocencia” ante los hechos.
Gil Fernández, gaduado como Ingeniero en Explotación del Transporte, había ocupado altos cargos en el sector económico cubano antes de su ascenso a viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación. Durante su mandato, estuvo al frente de políticas claves en el sector financiero, además de haber trabajado en empresas extranjeras y en el Ministerio de Finanzas y Precios.
Su destitución fue acompañada de un cambio significativo en el liderazgo económico del país. El Consejo de Estado nombró como su sucesor a Joaquín Alonso Vázquez, exministro presidente del Banco Central de Cuba y con más de 30 años de experiencia en el sector.
La investigación también ha dejado al descubierto una serie de irregularidades que, según el gobierno cubano, requieren un análisis a fondo. En este sentido, el presidente Miguel Díaz-Canel declaró que los detalles de la pesquisa fueron suficientes para autorizar el inicio de las actuaciones legales.
El pronunciamiento generó especulaciones sobre si la purga de Gil Fernández responde a una cuestión interna dentro del Partido Comunista.
En las semanas previas a su destitución, Gil Fernández había expresado públicamente su gratitud hacia Díaz-Canel en un mensaje de Twitter, reconociendo su figura como líder del país. Su salida del cargo y las implicaciones legales de su caso han marcado un giro en la política económica de Cuba, lo que podría tener repercusiones en la gestión del país a largo plazo.
Por ahora, el proceso judicial sigue su curso en el Tribunal Supremo Popular, que ha confirmado que la causa está en tramitación conforme al debido proceso. Según la prensa de la Isla, los detalles sobre el juicio se darán a conocer cuando se inicie oficialmente.
