Una publicación difundida este sábado 24 de octubre denunció que varias personas recibieron condenas de cuatro y cinco años de prisión en Santa Clara, Villa Clara, por comercializar antenas Starlink.
El mensaje también atribuye a las autoridades cubanas el decomiso de 37 equipos de conexión satelital, aunque no existen sentencias públicas que confirmen las sanciones.
La información apareció en un grupo de Facebook mediante el perfil Alejandro Noticias Cuba, vinculado al oficialismo. Según el relato, los implicados formaban parte de una red dedicada a introducir y vender estos dispositivos sin autorización gubernamental.
El mensaje sostiene que las autoridades registraron viviendas de vendedores y compradores. También afirma que sancionaron a transportistas e impusieron multas de 100.000 pesos cubanos a quienes adquirieron las antenas, además de confiscarles los equipos.
Condenas por comercializar Starlink sin autorización
Hasta el momento, ninguna sentencia judicial pública permite verificar las supuestas condenas. La denuncia tampoco identifica a los acusados ni al tribunal responsable. Los datos proceden, según el perfil, de personas cercanas a las familias involucradas.
El Código Penal cubano, en su artículo 295, contempla penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen, financien o lucren sin autorización con determinados servicios de telecomunicaciones. La disposición también sanciona la comercialización de equipos destinados a esas actividades.
La legislación ofrece respaldo jurídico a la persecución de estas operaciones. Sin embargo, no permite confirmar qué delitos concretos habrían cometido los señalados en Santa Clara ni justificar automáticamente las multas atribuidas a los compradores.
Crece la persecución contra el internet satelital
Las restricciones contra Starlink no comenzaron ahora. En abril de 2025, las autoridades decomisaron 20 kits satelitales y 85 routers. Posteriormente, el Ministerio de Comunicaciones reforzó las limitaciones a la importación de dispositivos sin autorización.
En abril de 2026, Periódico Cubano documentó redadas contra usuarios de Starlink en La Habana. Testigos denunciaron la presencia de agentes de la Seguridad del Estado que buscaban localizar conexiones satelitales independientes.
La demanda continúa pese a estas medidas. En el mercado informal se han ofrecido antenas por entre 1.300 y 1.800 dólares. Otros usuarios acceden mediante conexiones compartidas por las que pagan entre 50 y 80 dólares mensuales.
El monopolio de Etecsa y las alternativas de conexión
La persecución ocurre mientras Etecsa conserva el monopolio estatal de las telecomunicaciones. Sus tarifas, las dificultades de conectividad y las restricciones al acceso a internet alimentan el interés por alternativas que no dependen directamente de la infraestructura nacional.
Las nuevas denuncias plantean interrogantes sobre la respuesta gubernamental a esa demanda. En lugar de permitir la competencia mediante proveedores autorizados, las autoridades mantienen restricciones que pueden exponer a comerciantes y distribuidores a sanciones penales.
La publicación de Santa Clara también llama a denunciar a quienes transporten, vendan o compren antenas. Mientras no aparezcan documentos judiciales, las supuestas condenas siguen sin confirmación independiente, pero la legislación vigente evidencia los riesgos de operar servicios satelitales fuera del control estatal.
