El secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda, reconoció públicamente la existencia de denuncias de corrupción vinculadas a la distribución del servicio eléctrico, aunque minimizó la importancia de las mismas.
En un momento en que gran parte del país enfrenta apagones que, en numerosas localidades, superan las 20 e incluso las 24 horas continuas.
Aunque el dirigente intentó restar importancia al problema al afirmar que solo “cuatro o cinco” trabajadores estarían implicados, sus declaraciones llegan después de varios casos documentados que apuntan al presunto desvío de electricidad hacia negocios privados y circuitos favorecidos a cambio de pagos ilegales.
Morales Ojeda hizo el reconocimiento durante una visita a los consejos de defensa municipales de San Miguel del Padrón y Diez de Octubre, en La Habana, junto a Miguel Díaz-Canel.
Sin embargo, el sitio oficial de la Presidencia omitió esas declaraciones en su cobertura y centró su información en las reuniones de trabajo sobre la crisis energética y otros problemas de servicios públicos. Las palabras del dirigente solo pudieron conocerse a través de una transmisión de la televisión estatal.
Las denuncias de corrupción se producen en medio de una crisis eléctrica que continúa deteriorándose, con cortes de electricidad de más de 20 horas diarias en numerosas provincias, la paralización de termoeléctricas por averías o falta de combustible y un creciente malestar social provocado por la inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
En ese contexto, vecinos de distintas zonas de La Habana han denunciado que algunos trabajadores de la Unión Eléctrica (UNE) habrían aprovechado la emergencia para obtener beneficios económicos.
Uno de los casos más notorios ocurrió recientemente en San Miguel del Padrón, donde residentes protestaron al denunciar que determinados circuitos recibían prioridad en el restablecimiento del servicio a cambio de dinero.
Pocos días después, dos linieros de la Empresa Eléctrica de La Habana fueron detenidos en Calabazar, municipio Boyeros, tras una investigación relacionada con presuntas irregularidades en la distribución de la energía.
La denuncia fue difundida inicialmente por una vecina de la zona, quien aseguró que trabajadores desviaban electricidad hacia determinados barrios y mipymes mediante maniobras en la red eléctrica, mientras miles de familias continuaban soportando prolongados apagones.
Según ese testimonio, los empleados fueron sorprendidos transportando dinero en efectivo y bebidas alcohólicas en un vehículo de la empresa estatal.
La misma fuente sostuvo que prácticas similares ya habían sido denunciadas en otras localidades de la capital y que incluso algunos trabajadores insinuaban la posibilidad de restablecer el servicio mediante pagos de cientos de dólares.
Tras la difusión pública del caso, la Empresa Eléctrica confirmó la apertura de una investigación y afirmó que ese comportamiento no representa los principios éticos de la institución.
No obstante, hasta el momento no se han ofrecido detalles sobre el avance del proceso ni sobre la posible existencia de más implicados.
Los casos conocidos han alimentado el descontento de una población que enfrenta diariamente las consecuencias de la crisis energética.
Mientras hospitales, comercios, escuelas y hogares permanecen durante largas horas sin electricidad, las denuncias apuntan a que algunos funcionarios y trabajadores habrían convertido el acceso al servicio eléctrico en una fuente de ingresos ilícitos, favoreciendo a determinados clientes o establecimientos privados.
Las declaraciones de Morales Ojeda representan uno de los pocos reconocimientos públicos del régimen sobre este tipo de irregularidades.
Sin embargo, al reducir el problema a un número limitado de personas, contrastan con las denuncias ciudadanas que, según han documentado medios independientes, se han multiplicado conforme se profundiza una crisis energética que sigue afectando la vida cotidiana de millones de cubanos.
