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Aprueban resolución impulsada por Cuba que cuestiona las sanciones contra regímenes autoritarios

Resolución impulsada por Cuba
Para el Gobierno cubano, el discurso contra las medidas coercitivas constituye una herramienta diplomática recurrente. (Captura de pantalla © ONU – YouTube)

La Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 13 de noviembre de 2026, por 117 votos a favor, 56 en contra y cuatro abstenciones, un proyecto de resolución presentado bajo el título «Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales».

La iniciativa, impulsada por Cuba, reabre un debate fundamental: ¿hasta qué punto la defensa de la soberanía nacional puede convertirse en un argumento para cuestionar las sanciones internacionales contra gobiernos acusados de violar los derechos humanos?

La organización UN Watch denunció el resultado como una victoria diplomática para regímenes como los de Rusia, Irán, Bielorrusia y Corea del Norte. Su interpretación apunta a una contradicción que merece atención: gobiernos cuestionados por sus prácticas represivas participan en iniciativas internacionales que presentan las sanciones como una amenaza a los derechos humanos.

La Tercera Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 13 de noviembre de 2026, por 117 votos a favor, 56 en contra y cuatro abstenciones. (Captura de pantalla © ONU – YouTube)

El problema no consiste en negar que las sanciones puedan provocar consecuencias humanitarias. Algunas restricciones económicas afectan a ciudadanos que no tienen responsabilidad alguna en las decisiones de sus gobernantes. Sus efectos deben examinarse, especialmente cuando dificultan el acceso a medicamentos, alimentos o servicios esenciales.

Sin embargo, tampoco puede ignorarse que existen sanciones selectivas destinadas a responsabilizar a funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos, corrupción o represión política. Equiparar esas medidas con restricciones económicas generalizadas elimina una distinción indispensable.

Para el Gobierno cubano, el discurso contra las medidas coercitivas constituye una herramienta diplomática recurrente. La Habana lleva años promoviendo resoluciones semejantes en Naciones Unidas, frecuentemente en representación del Movimiento de Países No Alineados.

Pero su posición internacional plantea otra pregunta: ¿cómo concilia el Gobierno cubano su defensa de los derechos humanos frente a las sanciones extranjeras con las restricciones a las libertades políticas y civiles dentro de Cuba?

Un Estado puede reclamar legítimamente respeto a su soberanía. Lo que no debería hacer es utilizar ese principio para eludir el escrutinio de sus propias decisiones. La soberanía protege la independencia de los países, pero no concede inmunidad frente a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

También conviene precisar que la votación del 13 de noviembre correspondió a un proyecto aprobado en una comisión de la Asamblea General, no a una resolución definitiva del pleno. Además, una resolución de esta naturaleza no obliga jurídicamente a los Estados a eliminar sus sanciones.

Los 117 votos favorables tampoco demuestran que todos esos países respalden las prácticas de los gobiernos sancionados. Pueden reflejar desacuerdos sobre la legalidad, proporcionalidad o consecuencias de determinadas medidas.

Precisamente por eso, la discusión exige distinguir entre sanciones que castigan indiscriminadamente a poblaciones y aquellas dirigidas contra responsables de abusos.

La credibilidad de Naciones Unidas depende de mantener esa diferencia. Porque los derechos humanos no deberían servir únicamente para denunciar las decisiones de otros Estados, sino también para exigir responsabilidades a los gobiernos que invocan su defensa.

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