La cubana Milagros Marileisis Acosta Torres, de 40 años, perdió oficialmente su ciudadanía estadounidense después de que un tribunal federal de Florida determinara que la había obtenido ilegalmente al ocultar su participación en una conspiración de lavado de dinero relacionada con un millonario fraude contra un casino de Miami.
La sentencia fue dictada el 14 de octubre de 2026 por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, según confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) en un comunicado oficial publicado el 21 de octubre.
La decisión representa un cambio definitivo respecto a la situación que enfrentaba la mujer meses atrás, cuando Periódico Cubano informó sobre la demanda federal que amenazaba con quitarle la ciudadanía por sus actividades en un casino de Miami.
El millonario fraude al casino Miccosukee que terminó costándole la ciudadanía
Acosta Torres obtuvo la nacionalidad estadounidense en 2015, cuando ya estaba involucrada en una conspiración financiera relacionada con el casino Miccosukee Resort & Gaming, ubicado en el condado de Miami-Dade.
De acuerdo con los antecedentes judiciales, el esquema permitió sustraer aproximadamente 5,3 millones de dólares del establecimiento mediante la creación de comprobantes de crédito falsos que posteriormente eran canjeados por efectivo.
Entre los participantes figuraba su esposo, Johander Jorrin Melhen, quien trabajaba en el casino y aprovechaba su acceso a los sistemas para facilitar las operaciones fraudulentas.
La participación de Acosta Torres consistió en realizar transacciones destinadas a ocultar el origen ilícito del dinero y evitar los controles bancarios establecidos por las leyes federales y estatales.
Para mover los fondos utilizó cuentas en JPMorgan Chase y Bank of America, además de realizar depósitos fraccionados. Parte del dinero obtenido mediante el fraude terminó destinado a la compra de una vivienda, vehículos y planes universitarios prepagados.
En enero de 2020, la cubana se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero. Posteriormente recibió una condena de seis meses de prisión y una orden de restitución por 147.970 dólares.
La declaración falsa que permitió anular su naturalización
El elemento decisivo para retirarle la ciudadanía no fue simplemente su condena penal, sino lo que había ocurrido cinco años antes, cuando solicitó convertirse en estadounidense.
Durante la presentación de su solicitud de naturalización y la entrevista correspondiente en 2015, Acosta Torres aseguró que nunca había cometido un delito por el cual no hubiera sido arrestada. Sin embargo, las autoridades determinaron que esa respuesta era falsa porque ya participaba en la conspiración de lavado de dinero.
El Departamento de Justicia presentó la demanda de desnaturalización el 8 de junio de 2026. El 13 de octubre, ambas partes solicitaron conjuntamente al tribunal que dictara una sentencia por consentimiento para revocar la naturalización.
Al día siguiente, el juez emitió la resolución que anuló su ciudadanía estadounidense. El caso había sido incluido previamente entre dos procesos contra mujeres cubanas acusadas de ocultar actividades delictivas durante su naturalización.
¿La cubana será deportada tras perder su ciudadanía estadounidense?
La resolución judicial confirma que Acosta Torres dejó de ser ciudadana estadounidense, pero no significa que haya sido deportada ni que exista una orden de expulsión anunciada en este caso.
La desnaturalización y la deportación son procedimientos jurídicos diferentes. La pérdida de ciudadanía puede abrir la puerta a nuevas acciones migratorias, pero una eventual expulsión necesitaría una base legal y los procedimientos correspondientes.
El caso ocurre mientras la administración de Donald Trump amplía las acciones judiciales contra personas que presuntamente obtuvieron la nacionalidad mediante fraude. En octubre, el Gobierno impulsó nuevas demandas de desnaturalización contra residentes del sur de Florida.
Las autoridades migratorias también habían difundido advertencias sobre las consecuencias de mentir durante los trámites de ciudadanía estadounidense.
Entre los expedientes que afectan a ciudadanos de origen cubano figura igualmente el de Yoskmaikel Rodríguez Pérez, señalado por ocultar un fraude sanitario relacionado con Medicare. En septiembre, ICE informó que el cubano enfrentaba la posible pérdida de su ciudadanía y una eventual deportación.
En el mismo comunicado del 21 de octubre, el Departamento de Justicia anunció la retirada de ciudadanía a Vivian Chike Obichere, originaria de Nigeria, mediante otra sentencia dictada el 13 de octubre en California por irregularidades vinculadas al uso fraudulento de un pasaporte estadounidense.
Ambas resoluciones constituyen resultados judiciales concretos dentro de la campaña federal de desnaturalización, aunque cada expediente responde a circunstancias particulares y requiere una decisión individual de los tribunales.
