Los contribuyentes de Hialeah han pagado más de 59.100 dólares en compensaciones adicionales a tres policías vinculados con el dispositivo de seguridad del alcalde Bryan Calvo durante sus primeros meses en el cargo, mientras continúa sin conocerse públicamente el resultado de otra de las iniciativas que su administración colocó entre sus prioridades: la revisión de cientos de negocios con operaciones relacionadas con Cuba.
Los datos proceden de registros de nómina examinados por el Miami Herald, que informó que Calvo dispone de un equipo de seguridad integrado por al menos tres agentes. El presupuesto municipal no identifica por separado cuánto cuesta ese dispositivo, por lo que los pagos localizados no representan necesariamente su costo total.
Más de $59.100 en pagos adicionales a tres policías de Hialeah
Rudi Ginestra, agente de la Policía de Hialeah desde 2017, fue designado sargento de armas del alcalde el 18 de enero, seis días después de la toma de posesión de Calvo. Su salario base ronda los 99.700 dólares anuales, pero entre enero y el 10 de julio recibió aproximadamente 37.900 dólares adicionales en horas extras y pagos por reincorporación fuera de su jornada habitual, según el diario.
Otros dos policías también han acompañado al alcalde. Uno recibió unos 5.800 dólares por 72,5 horas de trabajo adicional, mientras que Frank Espildora acumuló aproximadamente 15.400 dólares entre horas extraordinarias y llamadas para regresar al servicio. En conjunto, los tres recibieron más de 59.100 dólares adicionales.
El nuevo presupuesto de Hialeah reserva 89,4 millones de dólares para el Departamento de Policía dentro de un presupuesto municipal total de 514,4 millones, pero los gastos de la escolta están incorporados dentro de esas cuentas generales. Según el Miami Herald, tampoco existe un registro público que permita precisar de forma sencilla cuántos agentes pueden incorporarse al dispositivo en determinados eventos.
La existencia del equipo de seguridad ya había quedado expuesta meses atrás, cuando una parada de tránsito reveló que Calvo utilizaba un vehículo municipal equipado con luces policiales.
La Alcaldía relaciona la protección con la ofensiva contra negocios vinculados a Cuba
La oficina del alcalde ha relacionado anteriormente la necesidad de reforzar la seguridad de Calvo con sus acciones contra empresas que, según las autoridades municipales, podrían mantener operaciones comerciales con Cuba. Calvo firmó al comenzar su mandato una orden ejecutiva para revisar este tipo de negocios y posteriormente la ciudad identificó más de 290 empresas que serían sometidas a revisión.
La iniciativa forma parte de una ofensiva más amplia en el sur de Florida. Miami creó su propio equipo para examinar negocios vinculados con Cuba, mientras la oficina del recaudador de impuestos de Miami-Dade ha impulsado procedimientos similares y ha revocado licencias comerciales en determinados casos.
La orden exige informes mensuales, pero las conclusiones no se han divulgado
La Orden Ejecutiva 2026-02 que creó la Cuba Business Advisory Task Force (CUBAT) establece obligaciones concretas. El documento dispone que el grupo debe informar al alcalde sobre sus hallazgos, datos y recomendaciones y presentar un primer reporte dentro de los 30 días posteriores a su primera reunión.
Después, la comisión debe entregar informes mensuales que incluyan cuántos negocios han sido examinados, cuántos continúan bajo revisión, cuántos fueron descartados y cuántos fueron recomendados para alguna medida administrativa.
Sin embargo, ocho meses después de su creación, Hialeah no había divulgado resultados públicos de esa revisión, según comprobó el Miami Herald. El sitio oficial de la ciudad tampoco muestra actualmente un informe público con las conclusiones del CUBAT.
Esto no significa necesariamente que los reportes internos exigidos por la orden no existan. La orden ejecutiva exige que sean remitidos al alcalde, pero no establece que cada informe tenga que publicarse automáticamente en el portal municipal. También dispone que el trabajo del grupo debe ajustarse a las leyes de Florida sobre registros públicos.
