Roban 133 toneladas de pollo: 30 ciudadanos en espera de una “severa” condena

La fiscalía prepara expedientes para tipificar delitos de malversación, robo con fuerza, cohecho e incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades estatales. (Captura de pantalla © Canal Caribe – YouTube)

Un grupo de 30 cubanos han sido imputados por involucrarse en un masivo robo de 1.660 cajas de pollo, equivalentes a 133 toneladas, de la cámara 414 de una reconocida empresa comercializadora de alimentos con mar (COPMAR), ubicada en La Habana.

Según un reportaje del Noticiero Nacional de la Televisión, la investigación interna se inició tras detectarse una fluctuación sospechosa de temperatura en la cámara afectada durante la noche de los hechos, lo que llevó a un exhaustivo inventario que confirmó el gigantesco faltante.

La investigación policial no ha concluido, pero de forma preliminar ya están imputados una treintena de personas, incluido el director general de la COPMAR quien junto a otras 10 personas está en prisión provincial, lo cual pone en evidencia una compleja red de corrupción que involucra a empleados de la empresa y una operación delictiva bien organizada.

Imágenes de seguridad capturaron movimientos anómalos de vehículos cerca del lugar, mientras que sellos de seguridad manipulados apuntaban a una infiltración interna.

Entre los implicados se encuentran varios empleados de la empresa, incluyendo jefes de turno y custodios, quienes al parecer formaban parte de una cadena delictiva dedicada a la venta ilegal de pollo en el mercado negro. La Investigación pudo constatar que cada caja de pollo se vendía a 3.800 pesos cubanos (CUP) al por mayor.

Los registros domiciliarios de los imputados han resultado en el decomiso de bienes adquiridos ilegalmente, incluyendo electrodomésticos y cerca de tres millones de pesos en efectivo. Este caso ha puesto en tela de juicio las medidas de seguridad internas.

Por tal motivo, —según el reportaje— el Ministerio de la Industria Alimentaria, bajo el cual opera la empresa afectada, ha tomado medidas para asegurar un régimen de seguridad más estricto, enfatizando la importancia de la vigilancia interna y la protección de los recursos alimentarios del país.

La creación de las carpetas judiciales para el proceso acusatorio está en manos de la Fiscalía General de la República, que promete sentencias severas y ejemplarizantes dada las condiciones de crisis alimentaria que vive el país.

Marta María González del Sol, fiscal del departamento de procesos penales de La Habana, comentó que “a partir de los resultados de investigación, preliminarmente podrían tipificarse delitos de malversación, robo con fuerza, cohecho, incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas o receptación”.

Por lo anterior, podrían solicitarse sanciones con penas máximas de hasta 20 años de privación de libertad, según las circunstancias agravantes y el grado de participación de cada implicado.

Sin embargo, la fiscal ya adelanta que “en este caso va a ser una decisión severa porque el caso así lo amerita. La lesividad está, el hecho está, las consecuencias son graves, los perjuicios también y el momento histórico en que estamos viviendo el producto afectado y la población requiere entonces de una decisión de esta naturaleza”.