Un gran jurado de Florida concluyó que 10 millones de dólares pertenecientes a los contribuyentes fueron utilizados indebidamente después de que funcionarios de la administración del gobernador Ron DeSantis autorizaran que parte de un acuerdo relacionado con Medicaid fuera enviada a la Hope Florida Foundation.
El dinero terminó circulando por varias organizaciones antes de utilizarse con fines políticos, incluida la campaña contra una iniciativa electoral para legalizar la marihuana recreativa en Florida. Pese a considerar que existió una apropiación indebida de fondos públicos, el gran jurado determinó que no había pruebas suficientes para acusar penalmente a una persona concreta.
El informe fue presentado bajo sello ante la oficina del secretario judicial del condado de Leon el pasado 28 de enero y permaneció fuera del conocimiento público durante aproximadamente siete meses. Una copia fue obtenida y publicada el 26 de agosto por CBS News Miami, lo que abrió un nuevo frente político para la administración de DeSantis a pocos meses de las elecciones estatales.
Un acuerdo de $67 millones con Medicaid
La investigación se remonta a una disputa entre Florida y Centene Corporation por posibles sobrecargos vinculados con la administración de beneficios de medicamentos. Según el documento del gran jurado, en febrero de 2023 la empresa ofreció pagar al estado 67.048.611 dólares para resolver las posibles reclamaciones.
Sin embargo, el acuerdo firmado finalmente en septiembre de 2024 estableció que 57.048.611 dólares serían entregados directamente al estado, mientras otros 10 millones serían destinados a la Hope Florida Foundation. La organización estaba vinculada a Hope Florida, una iniciativa impulsada desde 2021 por la primera dama Casey DeSantis para conectar a personas necesitadas con iglesias, organizaciones sin fines de lucro y entidades privadas.
El gran jurado rechazó la idea de que esos 10 millones fueran simplemente una donación privada separada del acuerdo. En sus conclusiones sostuvo que el dinero correspondía a una compensación relacionada con sobrepagos de Medicaid y, por tanto, debía considerarse dinero de los contribuyentes.
Los fondos tampoco permanecieron mucho tiempo en Hope Florida. Según la investigación, fueron divididos en dos subvenciones de cinco millones de dólares destinadas a Secure Florida’s Future y Save Our Society From Drugs, dos organizaciones bajo la categoría fiscal 501(c)(4).
Parte importante de ese dinero terminó posteriormente en Keep Florida Clean, un comité político que combatió la Enmienda 3 durante las elecciones de 2024. La propuesta buscaba legalizar la marihuana recreativa para adultos en Florida, pero no alcanzó el 60% de respaldo necesario para modificar la Constitución estatal.
El informe también determinó que parte de los recursos llegó al Partido Republicano de Florida. Para los integrantes del gran jurado, la rapidez de las transferencias y el destino final del dinero demostraban que fondos de los contribuyentes habían terminado financiando objetivos políticos.
Comisionado de Seguros de Florida entre quienes firmaron
Una de las novedades destacadas este lunes es el papel del actual comisionado de Seguros de Florida, Michael Yaworsky. El informe identifica a cuatro funcionarios estatales que firmaron el acuerdo con Centene: Yaworsky; John Guard, entonces principal fiscal general adjunto; Jason Weida, secretario de la Agency for Health Care Administration (AHCA); y Cassandra Pasley, entonces jefa de gabinete del Departamento de Salud de Florida.
Según la investigación, Yaworsky detectó que resultaba poco habitual destinar una porción del acuerdo a Hope Florida en vez de enviarla a los ingresos generales del estado. Antes de firmar, remitió el asunto al abogado general de su agencia y consultó con Guard; después de recibir asesoramiento de que el acuerdo no contravenía la ley, decidió autorizarlo.
La existencia de asesoramiento legal alrededor de prácticamente todas las decisiones fue precisamente uno de los obstáculos señalados por los jurados para presentar cargos. El informe explicó que muchos de los involucrados eran abogados y afirmaron haber actuado siguiendo recomendaciones de otros especialistas legales.
James Uthmeier aparece en el centro del movimiento del dinero
El documento dedica especial atención al actual fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien ocupaba una posición de alto nivel dentro de la administración DeSantis cuando ocurrieron las operaciones. El gran jurado consideró que Uthmeier tenía autoridad sobre funcionarios involucrados en la negociación y señaló que testimonios recibidos durante la investigación lo relacionaron con decisiones posteriores sobre el destino de los fondos.
Keep Florida Clean, uno de los principales receptores del dinero después de que este pasara por las organizaciones intermediarias, estaba presidido por Uthmeier. El hoy fiscal general ha negado haber cometido alguna actividad criminal y ha cuestionado reiteradamente la controversia alrededor de Hope Florida.
La entonces fiscal general Ashley Moody también aparece mencionada en el informe. El gran jurado sostuvo que su oficina conocía el plan para destinar 10 millones de dólares a Hope Florida y que Moody autorizó a Guard a firmar el acuerdo definitivo.
Moody, quien posteriormente fue nombrada senadora federal por DeSantis para ocupar el escaño dejado por Marco Rubio cuando este asumió como secretario de Estado, ha rechazado que su oficina supiera cómo serían utilizados posteriormente los fondos. Tanto Moody como Uthmeier afrontan elecciones en noviembre.
DeSantis niega que se haya cometido un delito
DeSantis no ha cuestionado públicamente la autenticidad del informe divulgado, pero sostiene que el acuerdo fue legal. El gobernador ha defendido durante meses la operación y ha calificado las acusaciones sobre Hope Florida como una controversia impulsada políticamente.
Tras hacerse público el documento, también puso el foco en la filtración de las actuaciones del gran jurado, que por ley son confidenciales en Florida. El mandatario sostuvo que la divulgación no autorizada del informe podría constituir el verdadero delito relacionado con el caso.
Los jurados, sin embargo, fueron contundentes sobre el uso final del dinero. Aunque dijeron que no podían demostrar quién tomó la decisión original de entregar los 10 millones a Hope Florida, concluyeron que los fondos de los contribuyentes habían sido utilizados para propósitos políticos y recomendaron cambios legales para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
El caso irrumpe además en plena batalla por suceder a DeSantis, quien no puede buscar un tercer mandato consecutivo. El republicano Byron Donalds enfrentará el próximo 3 de noviembre al demócrata David Jolly, quien ya pidió que la investigación sea reabierta.
La elección tiene una importancia particular para el sur de Florida y su numerosa comunidad cubanoamericana. Donalds, quien recientemente eligió al senador cubanoamericano Bryan Ávila como compañero de fórmula, ha buscado consolidar el voto conservador y ha prometido mantener una posición frontal contra el régimen cubano.
Jolly, por su parte, intenta ganar espacio entre independientes y moderados y también ha dirigido mensajes específicos al electorado de origen cubano. El candidato demócrata ha expresado su respaldo a una transición democrática en Cuba, aunque ha cuestionado cómo actuaría la administración Trump ante un eventual cambio político en la Isla.
El escándalo de Hope Florida introduce ahora un nuevo elemento en esa campaña. Aunque el gran jurado no acusó penalmente a ningún funcionario, su conclusión de que dinero público fue utilizado con fines partidistas podría mantener el caso en el debate político estatal durante las semanas previas a las elecciones.
