Sancionados entre dos y 22 años de cárcel más de 200 trabajadores del Comercio en La Habana

Según el Granma, los implicados en la enorme red de corrupción generaron pérdidas millonarias. (Foto © Periódico Cubano)

El tribunal provincial de La Habana sancionó a 203 trabajadores del Comercio Interior (Mincin) en la capital a penas que oscilan entre dos y 22 años de privación de libertad, según su nivel de involucramiento en delitos de malversación, cohecho, falsificación de documentos, sustracción y daños de documentos u otros objetos en custodia oficial y violación de sellos oficiales.

De acuerdo con un extenso artículo publicado en el periódico oficialista Granma, los presos fueron conducidos por el Ministerio del Interior tras realizarse una auditoría en las empresas provinciales de Elaboración de Alimentos, Gastronomía de La Habana y sus unidades básicas de La Lisa, Playa, Plaza de la Revolución, Habana del Este, Cerro, San Miguel del Padrón y Centro Habana.

También se ejecutaron auditorías forenses en las empresas subordinadas al Grupo Empresarial de Alimentos, atendido por el Mincin, Mayorista de Mercado Paralelo, y la de Tabacos, Cigarros y Fósforos, esta última efectuada por la unidad de auditoría interna del Grupo Empresarial.

Además de los 203 procesados penalmente, se aplicaron 383 medidas disciplinarias; el 44% de ellas consistentes en separaciones definitivas del sector, separaciones definitivas de la entidad (42%) y demociones definitivas del cargo (9.6 %).

Como resultado de las investigaciones, la Contraloría General de la República calificó de “malo” el sistema de control interno implementado en estas estructuras del Mincin, donde se produjo afectaciones de millones de pesos cubanos al erario público.

Modus operandi de los implicados en la corrupción

Según el informe del Granma, en el caso de las unidades comerciales subordinadas a las unidades empresariales de base de Puentes Grandes, Rampa y Vedado, se detectó la apropiación de grandes sumas de dinero mediante la falsificación de slips bancarios no emitidos por el banco, para enmascarar la sustracción de recursos financieros provenientes de las ventas, en los que se incluyen los correspondientes a la comercialización de productos liberados a precios diferenciados a la población, que el gobierno destinó para complementar, en parte, la canasta familiar normada.

El texto pretende culpar a los funcionarios corruptos, que fueron puestos en sus cargos por las propias estructuras estatales bajo la egida del Partido Comunista, por la escasez de alimentos en Cuba.

Las acciones cometidas “afectaron el cumplimento de los programas y servicios a la población previstos en los municipios y creó desabastecimiento en las ofertas al consumidor y enriquecimiento indebido”, según el Granma.

La revelación de la enorme red de corrupción, donde solo en La Habana terminaron presos 203 funcionarios del Mincin y se aplicaron 383 medidas administrativas, llega en un momento de enorme crisis alimentaria donde el régimen castrista ha reconocido que no habrá suficiente pan de la bodega hasta finales de marco por escasez de harina de trigo.