Julio César Duque de Estrada Ferrer, de 56 años, fue sentenciado a cuatro años y seis meses de cárcel en Santiago de Cuba por los cargos de desobediencia y atentado tras filmar con su teléfono móvil una extensa cola para comprar gas licuado.
Así lo dio a conocer el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), luego de acceder al documento judicial. La organización calificó el juicio como “una farsa” y lo señaló como una evidencia más de la vulneración sistemática de derechos fundamentales en la Isla.
El 5 de septiembre de 2024, Duque de Estrada grababa con su celular una cola en la vía pública, cuando fue interceptado por Mario Raciel Soulary Garcés, un oficial de la contrainteligencia que le exigió detener la grabación y entregar el dispositivo. Al negarse a acatar esta arbitraria petición, se desencadenó un altercado entre los dos hombres, hasta que finalmente fue trasladado hacia una estación policial.
El OCDH denunció que la actuación del agente fue “ilegal y desproporcionada”, pues grabar en un espacio público no constituye delito ni representa amenaza alguna a la seguridad. Además, cuestionó que un militar asumiera funciones de policía civil, lo que contraviene estándares internacionales de derechos humanos.
El Observatorio recordó que Cuba es signataria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo que la sentencia vulnera garantías básicas como la libertad de expresión, de información y de circulación. También señaló que el tribunal actuó sin independencia, limitándose a respaldar medidas represivas.
En declaraciones a Martí Noticias, Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH, afirmó que la condena representa un ataque directo a la libertad de expresión: “Faltaría más que, además de soportar la pobreza y la miseria extrema, la gente no pueda denunciar o contar lo que está pasando. Quien sí cometió un delito y una actuación arbitraria fue el agente de la contrainteligencia que lo agredió y trató de arrebatarle el celular”.
El condenado es padre del preso político Dairon Duque Estrada Aguilera, actualmente encarcelado por participar en las protestas masivas del 11J, lo que para organizaciones opositoras confirma el patrón de hostigamiento del régimen contra familias que expresan abiertamente su disenso.
Con esta condena se confirmaron los peores pronósticos, después de que la fiscalía solicitara cinco años y medio de cárcel, junto con la suspensión de derechos civiles y políticos y la prohibición de salir del país. Para el OCDH, se trata de una sanción desproporcionada cuyo verdadero propósito es enviar un mensaje de intimidación a la ciudadanía.
