Desde 2021 hasta la fecha, 158 inspectores del Cuerpo de Supervisión Integral en Villa Clara han sido expulsados por “faltar a la ética de la profesión”, informó Iraíl Trujillo Álvarez, coordinador de Programas y Objetivos del gobierno provincial.
Según un reportaje de la emisora oficialista CMHW, los implicados violaron el Código de Ética, lo cual incluye haber aceptados sobornos y participado en esquemas de corrupción para beneficiar a los incumplidores de las normas establecidas.
“Las infracciones más destacadas incluyen cohecho, donde los funcionarios públicos solicitan, aceptan, u ofrecen dinero, regalos o favores a cambio de un acto relacionado con su función”, explicó Trujillo Álvarez.
La participación en hechos delictivos llevó a que ocho de los separados de cargo también enfrentaran denuncias penales y en la actualidad cumplen sanciones de privación de libertad.
A pesar de la reducción en el número de violaciones en 2022, el proceso de depuración continuó, resultando en la separación de 66 supervisores. El 35% de estos despidos se debió a falta de conocimiento adecuado para sus responsabilidades.
Solo la mitad de las plazas de inspectores está cubierta en Villa Clara
La supuesta “limpieza” de casos de corrupción en las filas del Cuerpo de Supervisión Integral ha llevado a que en la actualidad la mitad de las plazas laborales en esa actividad permanezcan vacantes en toda la provincia.
Trujillo Álvarez comunicó que “la provincia sigue comprometida con fortalecer este cuerpo de inspección, realizando esfuerzos para capacitar y habilitar a nuevos miembros, enfrentando desafíos incluso en escenarios difíciles como la feria agropecuaria”.
Los inspectores forman parte del esquema gubernamental para hacer cumplir las normas junto a la Fiscalía, el Ministerio del Interior, y la contraloría. El cuerpo de inspectores se dedica a velar por la aplicación de precios minoristas, el comercio minorista, la alimentación publica, ornato público, higiene comunal, utilización racional y protección del agua, actividades de trabajo por cuenta propia, construcción y arrendamiento de viviendas, habitaciones o espacios, vendedores de productos del agro y pesca, viales y transportista privados y otras que sean autorizadas.
En medio de una crisis económica sin precedentes, con un grave desabastecimiento de alimentos y demás productos de primera necesidad, el régimen castrista intenta culpar a los comerciantes de imponer “precios abusivos y especulativos” para lo cual emplea a los inspectores que ahora por corruptos no tiene suficientes en la plantilla laboral.
Al fin una medida con cordura que hará bajar los precios un poco ya que este nido de ratas corruptos son parte del fenómeno que incide en la subida de los precios y la escasez de alimentos solo faltaría que permitieran la libre venta de los productos agricolas sin las restricciones.