
El 24 de enero de 2026, Alex Pretti, un enfermero de 37 años, fue abatido por disparos de agentes federales en Minneapolis, en un incidente que ha desatado protestas a nivel nacional.
Los agentes responsables de la muerte fueron identificados como Jesús Ochoa, de la Patrulla Fronteriza (USBP), y Raymundo Gutiérrez, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ambos originarios del sur de Texas.
De acuerdo con informes de ProPública, Ochoa y Gutiérrez formaban parte de un grupo de ocho agentes que rodeaban a Pretti mientras él se encontraba en el suelo.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que dos de los ocho agentes dispararon contra Pretti fueron puestos bajo licencia administrativa, aunque los nombres de estos agentes no fueron divulgados.
Este caso ocurrió solo semanas después de la muerte de Renee Good, otra víctima de agentes federales en Minneapolis, lo que ha intensificado la tensión en la ciudad. A raíz de este hecho, la CBP suspendió a los agentes implicados mientras se lleva a cabo una investigación interna sobre lo sucedido.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la acción de los agentes, argumentando que dispararon en respuesta a lo que calificó de “terrorismo doméstico”. Esta declaración ha generado una oleada de indignación entre los manifestantes y activistas por los derechos civiles.
Por su parte, Gregory Bovino, jefe de los operativos migratorios en Minneapolis, defendió el uso de la fuerza, afirmando que los agentes intentaron desarmar a Pretti, quien supuestamente se resistió “violentamente”. Sin embargo, estas explicaciones no han logrado calmar el malestar popular.
El Departamento de Justicia, presionado por las protestas y las demandas de los legisladores, abrió una investigación por posible violación de derechos civiles en el caso de Pretti. Organizaciones como Human Rights Watch han pedido una investigación independiente sobre la muerte del enfermero, destacando la necesidad de frenar los operativos similares y garantizar la rendición de cuentas.
Otro de los puntos que ha aumentado la indignación es la política de ocultar la identidad de los agentes con máscaras. Esta práctica, rara vez vista en otras fuerzas del orden, ha sido criticada por dificultar la identificación de los responsables y obstaculizar el proceso de justicia. La falta de transparencia sobre la identidad de los agentes implica una mayor desconfianza en las autoridades y ha alimentado las protestas a nivel nacional.
Reclutamiento masivo de agentes de ICE y CBP
Desde enero 2025, con la llegada de Donald Trump al poder, el DHS lanzó un reclutamiento masivo para ICE y CBP con el objetivo de cumplir metas ambiciosas de deportaciones (1 millón anuales, 3.000 arrestos/día).
ICE duplicó su plantilla de 10.000 a 22.000 agentes en menos de un año, gracias a $8 mil millones del “One Big Beautiful Bill Act” y bonos de hasta $50.000, reclutando veteranos, civiles sin experiencia policial (ex-representantes de ventas, recién graduados) y reasignando personal de FEMA y sheriffs.
Se redujeron requisitos: edad desde 18 años (sin límite superior), sin examen antidoping inicial ni verificación estricta de antecedentes, priorizando volumen sobre capacitación especializada en derecho migratorio.
Esto ha generado agentes poco preparados para situaciones límite: arrestos sin orden, “colaterales” en redadas, uso de raza en stops (aprobado por la Suprema Corte en septiembre de 2025) y tácticas agresivas en barrios latinos.
Críticos como abogadas de derechos migrantes alertan sobre violaciones constitucionales por falta de entrenamiento en estatus migratorios y derechos, mientras sheriffs locales protestan por pérdida de personal que se van a ejercer de agentes federales con mejores sueldos que a nivel local.
Y que tiene que ver eso ? El arma que tenía ese revoltoso pago para protestar así como muchos otros, mata a latinos, gringos, negros, indio y al que sea! Este reportaje es una verdadera M erda ! Cosa de liberales!