La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió este viernes a los Gobiernos de Cuba, Argentina, Chile, Nicaragua y Panamá que abandonen normativas y proyectos de ley que controlen los medios y redes sociales, pues suponen barreras para la libertad de prensa y la libertad de expresión.
Durante la jornada de clausura de su 76 Asamblea, la organización con sede en Miami aprobó una resolución para pedir a los gobiernos de los países mencionados que renuncien a los decretos, leyes y disposiciones administrativas que buscan limitar el flujo de información a través de redes sociales.
Según el documento, las iniciativas “instauran barreras para los espacios de libertad de prensa y libertad de expresión” decretados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La resolución pide a los Estados adoptar la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital, que exhorta a desistir de la censura y sanciones penales con “mecanismos de vigilancia digital”.
Todo lo descrito anteriormente encaja en el caso de Cuba con la aprobación del Decreto-Ley 370, que permite la criminalización de la libertad de expresión, condenando cualquier queja, opinión o denuncia contra el gobierno cubano publicada en internet, incluso si es en redes sociales personales.
Aunque varios activistas han protestado en contra de la resolución, esto a la vez les acarrea multas y detenciones, que por “violar” el decreto, pueden ser de hasta $3,000 pesos.
A esto se suma el bloqueo directo del internet para individuos o zonas y el bloqueo de páginas como fue el caso de Telegram por parte de la única empresa que brinda el servicio de internet, también a cargo del Estado.
La presión ciudadana funcionó! @ETECSA_Cuba al parecer ha tenido que restablecer #telegram en los últimos minutos. Pero siguen conservando la prerrogativa de apagar la comunicación de los cubanos a voluntad d la dictadura Por eso #NiMeCallasNiMeCallo#CambioDeSistema es la salida https://t.co/65UaJLx2se
— Rosa María Payá A. (@RosaMariaPaya) October 17, 2020
Por ello, el decreto fue citado en el documento junto con algunos otros proyectos de reforma penal y de medidas que a la larga “restringen distintos aspectos de la libertad de prensa y de expresión” también en otros países.
La resolución pide a Cuba, y también a El Salvador, “abandonar los repulsivos mecanismos de propaganda y acoso a los periodistas en las redes sociales y plataformas digitales a través de trolles y bots manejados por sistemas de seguridad o inteligencia del gobierno”, las llamadas “ciberclarias”.
Así se citan el proyecto de la Ley Especial de Ciberdelitos, en Nicaragua, que castiga entre dos y cuatro años de cárcel a quien difunda información falsa en internet; los proyectos de reforma al Código Electoral en Panamá para sancionar las noticias falsas y la desinformación.
También la creación en Argentina del oficial “Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio)”, y un plebiscito en Chile que pretende regular los medios y limitar la propiedad de los mismos y su contenido.
La SIP concluyó este viernes una Asamblea General virtual en la que participaron los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo, y República Dominicana, Luis Abinader, y durante la cual se hizo evidente que la libertad de prensa está fuertemente amenazada en Latinoamérica.
