La administración de Donald Trump endureció el acceso al asilo en Estados Unidos y redujo al 7% la proporción de casos aprobados en febrero, según cifras divulgadas por la Casa Blanca.
Según el gobierno republicano este resultado es una prueba de su política de mano dura en las cortes migratorias y de una aplicación más estricta de la ley federal.
En el año fiscal 2024, último año completo de Joe Biden, la tasa real de concesión de asilo ante jueces de inmigración estuvo entre 45.7% y 36.2%, dependiendo de cómo se haga el cálculo.
El dato marca un cambio relevante para miles de cubanos y otros migrantes que buscan protección en territorio estadounidense. La narrativa oficial de la administración Trump sostiene que terminó la etapa de concesiones amplias y que el sistema volvió a centrarse en criterios legales más restrictivos para decidir quién puede quedarse en el país.
Cómo funciona el asilo en Estados Unidos
En la mayoría de los casos, un migrante no puede ser deportado sin una orden emitida por un juez de inmigración. Durante ese proceso, el tribunal determina primero si la persona puede ser removida y luego analiza si reúne las condiciones para recibir algún alivio migratorio, entre ellos el asilo, que sigue siendo una de las vías más solicitadas.
Para ganar ese beneficio no basta con alegar dificultades económicas o una situación general de inseguridad. La ley exige demostrar persecución pasada o un temor fundado de persecución por motivos concretos, como raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado.
La consecuencia práctica es que crisis como la pobreza, la violencia extendida o el deterioro social no suelen ser suficientes por sí solas para obtener protección. Si el juez niega el asilo y emite una orden de expulsión, aún quedan recursos de revisión, como apelaciones ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y, en ciertos casos, ante tribunales federales.
Más detenciones y menos margen para esperar
Otro cambio clave ha sido el endurecimiento de la detención migratoria. La política actual defiende que muchos extranjeros que entraron de manera irregular no deben ser liberados bajo fianza mientras se resuelven sus expedientes. Esa postura ha sido cuestionada en cortes, pero también ha recibido respaldo de varias instancias judiciales.
En la práctica, esto implica que más migrantes enfrentan sus procesos detenidos, con menos opciones para extender sus casos durante meses o años. Al mismo tiempo, la administración ha promovido cambios dentro de las propias cortes, al defender una línea más severa para acelerar deportaciones y limitar el uso del sistema como vía de permanencia prolongada.
Cifras que muestran el giro migratorio
La Casa Blanca también sostiene que fueron reemplazados jueces considerados permisivos por funcionarios alineados con una interpretación más estricta de la ley. Bajo esa visión, las cortes deben actuar con mayor rapidez y menor flexibilidad frente a quienes no logren demostrar una base legal sólida para permanecer en Estados Unidos.
Las cifras acompañan ese giro. En el año fiscal 2025, las cortes de inmigración emitieron cerca de 500.000 órdenes de expulsión, un 57% más que en el periodo anterior.
Además, parte de la caída en los asilos aprobados se explica porque miles de solicitudes fueron consideradas abandonadas al no presentarse los migrantes a sus audiencias. Muchos no se presentaron pues temían ser apresados por ICE y deprotados de forma expedita.
