
Una transmisión de la televisión estatal cubana dejó al descubierto, de forma accidental, una diapositiva que hacía referencia a una estrategia para evitar un posible “estallido social” en la Isla.
La imagen apareció durante la cobertura de un recorrido del gobernante Miguel Díaz-Canel por varios municipios de La Habana y comenzó a difundirse rápidamente en redes sociales, donde usuarios interpretaron el contenido como una señal de la preocupación de las autoridades por el creciente descontento popular.
En la diapositiva, proyectada detrás de Díaz-Canel durante una reunión, podía leerse una referencia a “acciones en el ámbito político, económico, social y comunicacional para evitar un estallido social”, dentro de una directiva relacionada con los Consejos de Defensa.
El documento fue captado mientras la televisión oficial informaba sobre las visitas del mandatario a La Habana Vieja, Arroyo Naranjo y La Lisa.
La imagen salió a la luz en medio de las incipientes protestas causadas por una profunda crisis económica y energética que ha provocado un aumento del malestar entre la población.
En los últimos meses, los apagones que superan las 20 horas diarias en varias provincias, además de una creciente escasez de combustible y problemas en el suministro de agua potable tienen en el límite la paciencia de los habitantes en varias localidades.
La situación también ha comenzado a afectar con mayor intensidad a La Habana, donde históricamente los cortes de electricidad eran menos prolongados que en el resto del país.
Ese deterioro ha dado lugar a nuevas protestas en distintos puntos de la Isla. Vecinos de varias comunidades han salido a las calles para exigir el restablecimiento del servicio eléctrico, el abastecimiento de agua y mejores condiciones de vida.
En los últimos meses también se han reportado incendios de basureros y daños a algunas instalaciones públicas durante episodios de descontento, hechos que reflejan un aumento de la tensión social frente al agravamiento de la crisis.
Las manifestaciones registradas en Cuba han sido, en su mayoría, pacíficas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y medios independientes han señalado de forma reiterada que la respuesta de las autoridades suele incluir el despliegue de fuerzas del Ministerio del Interior, agentes de la Seguridad del Estado y efectivos militares para dispersar las concentraciones, además de detenciones de manifestantes y activistas.
De acuerdo con registros de organizaciones como Prisoners Defenders, actualmente permanecen encarceladas alrededor de 1.000 personas consideradas presos políticos por esa organización, muchas de ellas condenadas tras participar en protestas o expresar públicamente opiniones contrarias al Gobierno.
La mayor manifestación registrada en Cuba en las últimas décadas ocurrió el 11 de julio de 2021, cuando miles de personas salieron a las calles en decenas de ciudades para reclamar libertad, mejores condiciones de vida y el fin de los apagones y la escasez.
Aquellas protestas fueron respondidas con un amplio operativo policial y militar que dejó cientos de detenidos y derivó en numerosos procesos judiciales.
Desde entonces han continuado registrándose manifestaciones de menor escala, generalmente vinculadas a los cortes eléctricos, la falta de alimentos, combustible o agua potable.
Aunque el malestar social ha aumentado a medida que se profundiza la crisis económica, las movilizaciones continúan siendo esporádicas y localizadas.
Analistas consultados por medios independientes señalan que el temor a nuevas detenciones y condenas, junto con la fuerte presencia de los cuerpos de seguridad en las calles, ha limitado la capacidad de organización de protestas de mayor alcance.
En ese contexto, la aparición de una directiva para prevenir un posible “estallido social” refleja que el riesgo de nuevas manifestaciones continúa siendo una preocupación para las autoridades mientras persisten los problemas que afectan la vida cotidiana de millones de cubanos.