En redes sociales se ha viralizado un video en el que un joven cubano muestra la precaria calidad del pan que actualmente distribuyen las panaderías estatales del país, en medio de la crisis energética y la escasez de harina y otros insumos en los comercios gestionados por el Gobierno.
Mientras las Mipymes continúan importando harina y el pan que se vende en dólares o en restaurantes mantiene estándares aceptables, el régimen lleva tiempo sin garantizar la calidad del producto que se entrega a través de la libreta de abastecimiento, la única vía que tienen muchos ciudadanos para acceder a este alimento básico.
En las imágenes, el joven exhibe un “pan” de pésima calidad: aplanado, con escaso color y una apariencia, en general, no apta para el consumo. Por sus características, lo describe como “torticas arrugadas” y cuestiona si un producto así es apto para el consumo de los niños.
Si bien el pan de la bodega siempre ha sido motivo de debate, con el paso de los años su calidad ha caído hasta convertirse en una burla al pueblo.
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Se trata de una situación que se repite por todo el país, que está sumido en una profunda crisis alimentaria. Este mismo mes, una usuaria de La Lisa, en La Habana, mostró la penosa condición del “pan” que le entregaron en la panadería estatal.
La cubana mostró su indignación no solo por la condición del pan, sino por todas las penurias que se suman: al momento de recoger el pan, llevaba más de 24 horas sin electricidad en su hogar y casi un mes sin agua.
En medio de esta crisis, muchas panaderías han tenido incluso que cancelar su venta de pan o buscar otras alternativas. En ese sentido, el Gobierno provincial de Matanzas anunció que se compraría harina importada a las Mipymes privadas, por lo que se encarecía el precio del pan.
En esa ocasión, avisaron que se produciría un pan de 120 gramos a un costo de 65 pesos cubanos (CUP). No obstante, esta opción no estaría disponible en todas las panaderías de la provincia.
Por su parte, se informó sobre la elaboración de galletas a 850 CUP el paquete, limitado a uno por núcleo. En un país donde el salario mínimo es de 2.100 CUP y la pensión básica es de 1.528 CUP, resulta irrisorio que el Gobierno, que prometió garantizar la seguridad alimentaria de la población, establezca esos precios.
