El humorista cubano Eduardo Ceballos Pérez, conocido por el proyecto satírico Despingovery Channel, enfrentará un juicio ante un tribunal militar tras ser acusado de espionaje por un video publicado el 24 de mayo.
Periódico Cubano pudo confirmar que la información fue divulgada por Martí Noticias a partir de declaraciones de su madre, Marieta Pérez Alfaro. El caso ocurre después de la detención del creador el 1 de junio y se suma a denuncias recientes relacionadas con personas encarceladas por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Ceballos ganó notoriedad durante el último año gracias a sus producciones audiovisuales en las que utilizaba el formato de documentales sobre la naturaleza para retratar problemas cotidianos de Cuba, entre ellos los apagones, el deterioro urbano y el abandono de infraestructuras.
Su personaje Eddy Jones se convirtió en una referencia dentro de las redes sociales por abordar temas sensibles mediante la sátira.
La acusación contra Eduardo Ceballos genera cuestionamientos
Según explicó Pérez Alfaro, las autoridades estarían relacionando la acusación con una grabación realizada en una antigua instalación militar soviética abandonada. En el material aparecían misiles, radares y otros equipos en estado de deterioro.
“Puede ser que estén argumentando que él estaba filmando armamento militar que, entre paréntesis, está obsoleto y descontinuado”, declaró la madre del humorista.
La familia sostiene que, pese a tratarse de un ciudadano civil, el creador de contenido será sometido a la jurisdicción militar. Además, denunció que las autoridades intentan presentar el expediente como un proceso ordinario y no como un caso relacionado con el ejercicio de derechos fundamentales.
Tras su arresto, Ceballos fue trasladado al Combinado del Este, en La Habana, donde permanece bajo prisión preventiva. Su equipo legal solicitó una modificación de la medida cautelar, pero aún no recibe respuesta.
El abogado Raudiel Peña, integrante de Cubalex, expresó dudas sobre la tesis de la Fiscalía. “Por las propias características de la grabación (…) lo más lógico es pensar que no había una intencionalidad expresa de mostrar información secreta o cuestiones militares”, afirmó.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también manifestó preocupación por la detención y pidió garantías para los derechos del humorista, incluido el libre ejercicio de la expresión.
Persisten las denuncias por la situación de otros encarcelados
La inquietud sobre la situación de los presos en Cuba también se ha extendido al caso de Jonathan David Muir Burgos. El adolescente de 17 años permanece recluido desde marzo tras participar en las protestas ocurridas en Morón, Ciego de Ávila.
De acuerdo con el pastor y activista Mario Félix Lleonart, el joven presenta problemas de salud que requieren atención especializada. “Su familia lo encontró muy mal”, aseguró después de una visita realizada el 8 de junio.
Jonathan fue arrestado tras las manifestaciones del 13 de marzo, surgidas en medio de los prolongados cortes eléctricos y la escasez de alimentos. Las autoridades lo acusan de sabotaje, una de las figuras penales más severas contempladas en la legislación cubana.
El caso ha despertado interés de organismos internacionales, autoridades europeas y del Departamento de Estado de EEUU. Además, Amnistía Internacional reclamó su liberación inmediata y cuestionó que permanezca en una prisión para adultos.
A estas preocupaciones se suma la situación de la opositora Yaquelín García Jaén, quien abandonó una huelga de hambre después de 18 días de protesta en la prisión El Talaje, en Bayamo. Según explicó su hija, Esther Arzuaga, la reclusa decidió suspender la acción luego de que funcionarios penitenciarios prometieran agilizar los trámites de su proceso judicial.
“Quería que le dieran respuesta porque no le hacen juicio y no le llega la petición de la Fiscalía”, señaló Arzuaga.
La activista permanece encarcelada desde noviembre de 2024. Organizaciones de derechos humanos continúan monitoreando su situación y recuerdan la obligación del Estado de garantizar la integridad física y la atención médica de las personas bajo custodia.
