La administración de Donald Trump ha propuesto una nueva medida que podría invalidar las solicitudes de asilo de cientos de miles de migrantes en los Estados Unidos, dejándolos expuestos a un proceso de deportación acelerado.
Esta acción forma parte de los esfuerzos continuos del presidente republicano por reforzar la política migratoria y reducir el número de personas que buscan protección en el país.
Según fuentes cercanas a la administración consultadas por CNN, la propuesta afectaría principalmente a aquellos migrantes que ingresaron ilegalmente y que, posteriormente, solicitaron asilo. Se espera que sus casos sean cerrados, lo que los dejaría en riesgo de ser deportados.
Actualmente, hay aproximadamente 1.45 millones de personas con solicitudes de asilo pendientes, de las cuales alrededor del 25% ha ingresado de manera ilegal al país, según datos federales. La mayoría de estos solicitantes se acogieron a la posibilidad de regularizar su estatus bajo el amparo de la ley estadounidense, que permite a aquellos que huyen de la violencia o persecución en sus países de origen solicitar asilo.
La nueva medida amplía las facultades del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés), otorgándole la capacidad de acelerar los procedimientos de deportación.
Según un memorando obtenido por CNN, esta decisión marcaría un cambio sin precedentes en las políticas migratorias del país, desplazando a USCIS de su función original de brindar beneficios migratorios a la de un brazo ejecutor de deportaciones, similar al que tienen las autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Críticos del plan, incluidos defensores de los derechos humanos, advierten que esta medida podría tener un efecto paralizante sobre los solicitantes de asilo, desincentivando a muchos migrantes a continuar con su proceso. Sarah Mehta, de la ACLU, señaló que “están transformando la agencia encargada de brindar beneficios migratorios en un brazo de ICE”.
El nuevo proceso también expone a los migrantes a la posibilidad de ser deportados sin una audiencia ante un juez de inmigración, lo que pone en peligro su derecho a un debido proceso. Además, la administración ha ampliado este proceso de deportación acelerada, aplicándolo a cualquier inmigrante no documentado que no pueda demostrar que ha residido en EEUU de manera continua durante al menos dos años.
Este cambio de política se da en un contexto donde los migrantes que llevan años trabajando legalmente en el país, y que se han integrado a sus comunidades, ahora enfrentan la posibilidad de ver sus casos de asilo desechados sin previo aviso. La medida podría afectar gravemente a estas personas y a las comunidades que dependen de su trabajo.
La oposición a esta política es amplia. Michael Knowles, de la Federación Americana de Empleados del Gobierno, expresó que la medida viola los derechos básicos de los solicitantes de asilo, garantizados por la ley estadounidense e internacional.
asilo de que esos no son perseguidos se venian en caravanas pa fuera todos VIVA TRUMP y rapido pa fuera no sirven