El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Pam Bondi, exfiscal general de Florida, como candidata para ser la nueva secretaria del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), luego de que el exrepresentante republicano Matt Gaetz rechazara esta opción por enfrentar investigaciones de delitos graves.
“Pam fue fiscal durante casi 20 años, ella fue muy dura con los criminales violentos y logró que las calles fueran seguras para las familias de Florida. Trabajó para detener el tráfico de drogas letales y reducir la tragedia de las muertes por sobredosis de fentanilo, que han destruido a muchas familias en todo nuestro país. Hizo un trabajo tan increíble que le pedí que formara parte de nuestra Comisión de Abuso de Drogas y Opiáceos durante mi primer mandato”, escribió el futuro mandatario en su plataforma Truth Social.
“Durante demasiado tiempo, el Departamento de Justicia partidista se ha utilizado como arma contra mí y otros republicanos. Ya no es así. Pam reorientará el Departamento de Justicia hacia su objetivo original de luchar contra el crimen y hacer que EEUU vuelva a ser seguro”, agregó.
Bondi ha mantenido una estrecha relación con Trump desde los primeros días de su campaña presidencial en 2016. Ella fue una de las primeras figuras republicanas prominentes en respaldarlo en las primarias de su partido de ese año, incluso por encima del senador Marco Rubio, originario de Florida, cuando él también estaba interesado en la candidatura presidencial.
Durante la Convención Nacional Republicana de esa ocasión, Bondi destacó como una defensora feroz de Trump, participando en un coro de “Enciérrenla” contra la entonces aspirante demócrata Hillary Clinton.
Después de las elecciones de 2016, formó parte del equipo de transición de Trump y su nombre resonó como posible fiscal general tras la destitución de Jeff Sessions en 2018. Aunque William Barr fue finalmente elegido para el cargo, ella se mantuvo cerca del millonario, desempeñando roles clave en su órbita política, como presidenta del America First Policy Institute.
Bondi hizo historia en 2010 al convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de fiscal general de Florida. Durante su mandato, que se extendió hasta 2019, lideró iniciativas contra la trata de personas y adoptó posiciones controvertidas como su oposición a la Ley de Cuidado de Salud Asequible y su apoyo a leyes de inmigración restrictivas similares a las de Arizona.
Posteriormente, trabajó como lobista, representando tanto a clientes estadounidenses como extranjeros. Entre sus clientes destacaron General Motors y el gobierno de Qatar, para quien ejerció presión en temas relacionados con los derechos humanos y la trata de personas antes de la Copa Mundial de Fútbol de 2022.
Su reputación también se vio afectada por cuestionamientos éticos. En 2013, solicitó una contribución política al futuro mandatario mientras su oficina evaluaba una demanda contra la Universidad Trump por fraude. Aunque la demanda no prosperó y ambos negaron irregularidades, el magnate pagó 25 millones de dólares en 2017 para resolver tres demandas relacionadas con su universidad.
Bondi desempeñó un papel crucial en la defensa de Trump durante su primer juicio político en 2020. A ella, la contrataron para reforzar la estrategia de comunicación de la Casa Blanca en un momento en que el presidente enfrentaba acusaciones de abuso de poder y obstrucción al Congreso.
Más recientemente, ha sido una voz activa en contra de las múltiples acusaciones penales que enfrenta Trump. Ha calificado a los fiscales, incluido Jack Smith, como figuras motivadas por intereses políticos, asegurando que utilizan el sistema legal como un arma contra el presidente. Estas declaraciones la alinean directamente con la narrativa de Trump y sus aliados, quienes critican los casos como persecuciones injustas.
Si Bondi es confirmada por parte del Congreso de EEUU, heredará un Departamento de Justicia que enfrenta desafíos significativos, incluidos casos de derechos civiles, regulación corporativa y el procesamiento de cientos de participantes en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, quienes deberían recibir un indulto, según una de las promesas del próximo presidente.
