Quienes apoyan una intervención militar en Cuba sostienen que la presión diplomática y las sanciones no han logrado abrir una transición política y que, ante la permanencia del sistema de partido único, la falta de libertades y la represión de la disidencia, sería necesario aumentar la presión sobre las autoridades.
La defensa de una intervención suele apoyarse en la idea de que el inmovilismo también tiene consecuencias para los cubanos. La idea también cobró auge tras la fallida apertura económica impulsada por Barack Obama que terminó favoreciendo los intereses particulares de la cúpula de La Habana y desvirtuó el propósito reformista que buscaba el mandatario estadounidense.
Desde esa perspectiva, una intervención militar en Cuba podría poner fin al control político del Gobierno y el establecimiento de condiciones para una transición democrática.
Los defensores de esa opción argumentan que el cambio político permitiría liberar de manera inmediata a los miles de presos políticos, garantizar derechos civiles y convocar elecciones competitivas. También señalan que una transición podría facilitar reformas económicas y la reconstrucción de instituciones independientes, en un país marcado por la escasez y la migración.
La apertura de Cuba al libre mercado permitiría a los ciudadanos crear empresas, atraer inversiones y ampliar la oferta de bienes y servicios. Con reglas claras, competencia y protección de los derechos laborales, ese cambio podría generar empleos, elevar los ingresos y reducir la dependencia de un sistema estatal que hoy limita la iniciativa privada.
Cientos de empresas dentro del país y el extranjero quedarían acéfalas y programadas. Miles de profesionales de la salud que actualmente sirven bajo un sistema de semiesclavitud en terceros países serían liberados de sus draconianos contratos e inhumanas responsabilidades.
Un cambio político en Cuba reduciría el espacio que, a su juicio, China, Rusia e Irán han ganado en el Caribe mediante sus vínculos con el Gobierno cubano. Argumentan que una transición podría reorientar las alianzas de la Isla y limitar la capacidad de esos países para proyectar influencia en la región.
En el plano regional, algunos partidarios de esa postura consideran que la caída del régimen debilitaría el valor simbólico de Cuba como referente para movimientos comunistas y de izquierda en América Latina. Durante años la Isla ha formado, entrenado y patrocinado a líderes y miembros de movimientos de izquierda y anticapitalistas en la región, con el objetivo de que a su regreso a los sus paises de origenes ayuden a la desestabilización de gobiernos democráticamente elegidos.
Sin embargo, considerar que una intervención es necesaria no elimina sus posibles consecuencias. Una acción militar podría causar muertes entre la población civil, provocar desplazamientos y agravar la crisis humanitaria. De forma paralela se agotarían y destruirían los pocos recursos que mal abastecen las ciudades.
También existe el riesgo de que la violencia ya existente, el vandalismo y la inestabilidad se prolonguen, o de que una intervención externa no produzca una transición democrática duradera. Por ello, cualquier debate serio debe explicar quién tomaría la decisión, bajo qué mandato internacional, qué objetivos concretos tendría la operación y cómo se protegería a la población.
Ante este escenario, la propuesta que parece contar con mayor respaldo es establecer un gobierno provisional. Su primera tarea sería reorganizar el país en los ámbitos militar, político y económico. Luego, convocaría una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, que sirva de marco para celebrar elecciones libres y formar un gobierno democrático.
