La continuidad de la brigada médica cubana en Uruguay se encuentra en incertidumbre, después de que Estados Unidos incluyera al país sudamericano en un informe sobre posibles casos de trabajo forzoso relacionados con las misiones médicas de La Habana.
Montevideo busca ahora una fórmula que permita mantener el programa, mientras persisten dudas sobre el destino de los fondos y sobre si los profesionales cubanos reciben directamente el dinero correspondiente a su trabajo.
La misión funciona desde 2007 en el Hospital de Ojos José Martí, dentro de la llamada Operación Milagro. Durante 2026, alrededor de 21 profesionales cubanos han participado en el programa, según el Departamento de Estado estadounidense.
El Gobierno uruguayo destina anualmente 250.000 dólares a la operación. Una partida de ese monto fue nuevamente autorizada para cubrir la cooperación hasta finales de 2026, incluyendo estipendios, traslados y otros gastos relacionados con la misión.
El punto de conflicto está en quién recibe efectivamente esos recursos. Las autoridades uruguayas sostienen que el dinero no constituye un pago al Gobierno cubano por los salarios de los médicos.
La presidenta del Banco de Previsión Social, Jimena Pardo, explicó que las remuneraciones de los profesionales son abonadas por Cuba.
Washington sostiene una versión diferente. El informe enviado al Congreso estadounidense identifica a Uruguay entre 15 países cuyos gobiernos realizan pagos directamente al régimen cubano por los servicios de sus trabajadores médicos.
La Embajada estadounidense afirmó además que no encontró evidencia de que los profesionales recibieran una remuneración por su trabajo en Uruguay.
La diferencia entre ambas versiones es uno de los principales asuntos que Montevideo intenta aclarar. Documentos analizados por especialistas de Archivo Cuba señalan que tampoco está disponible públicamente el acuerdo bilateral actualizado que permitiría determinar con precisión cómo se distribuyen todos los recursos asociados con la misión.
Existe, además, un antecedente. Un acuerdo uruguayo de 2016 establecía pagos mensuales al Gobierno cubano por integrantes de una brigada de ortopedia. En aquel momento se contemplaban 4.500 dólares mensuales por especialista y 2.500 dólares por licenciados y técnicos.
Las dudas económicas se combinan con cuestionamientos laborales que el país norteamericano mantiene desde hace años sobre el sistema cubano de exportación de profesionales.
El Departamento de Estado sostiene que La Habana obtiene beneficios de un programa que puede involucrar retención de salarios, restricciones de movimiento y otras prácticas coercitivas.
El Gobierno cubano ha defendido históricamente sus misiones médicas como programas de cooperación y ha rechazado las acusaciones de explotación. Las condiciones, contratos y mecanismos de pago pueden variar entre países, por lo que las denuncias estadounidenses sobre el programa general no prueban por sí mismas que cada integrante de una misión específica haya sido sometido a trabajo forzoso.
Uruguay, entretanto, intenta evitar que la disputa afecte la continuidad de la atención oftalmológica. La Cancillería, el Ministerio de Salud Pública, ASSE y el BPS estudian modificar el mecanismo de pago para que los profesionales reciban directamente sus remuneraciones.
El programa acumula hasta julio de 2025 casi 917.000 consultas oftalmológicas, más de 118.000 cirugías y unas 218.000 pesquisas. El canciller Mario Lubetkin ha defendido sus resultados y aseguró que Montevideo quiere conservar sus beneficios.
La presión de Washington, sin embargo, introduce otro elemento. Si Uruguay vuelve a aparecer en el informe estadounidense de 2027, podría quedar impedido durante dos años de recibir asistencia internacional del Departamento de Estado.
Con ese escenario, el futuro de la brigada dependerá no solo de la utilidad médica que Uruguay atribuye al programa, sino también de cómo se transparente el circuito financiero y de las condiciones bajo las cuales los profesionales cubanos continúan trabajando en el país.
