La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, derogó la regulación de “carga pública” aprobada en 2022 durante el gobierno de Joe Biden. Esta nueva medida permitirá a funcionarios migratorios tener más criterio para negar la residencia permanente a solicitantes considerados propensos a depender de la asistencia pública en el país.
A través de un comunicado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), Periódico Cubano confirmó que la norma será publicada formalmente en el Registro Federal el 20 de julio y entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026.
La medida elimina la regulación de 2022, que restringía los beneficios públicos y las circunstancias que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) podía considerar al determinar si un extranjero podía convertirse en una “carga pública”.
La administración republicana sostiene que esas limitaciones impedían evaluar todos los factores relevantes previstos por el Congreso. A partir de la entrada en vigor, los oficiales de USCIS podrán revisar cada caso según la totalidad de las circunstancias.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad permite declarar inadmisible a una persona que solicita una visa, admisión o ajuste de estatus cuando las autoridades concluyen que probablemente dependerá del gobierno para su manutención.
La evaluación no se basará únicamente en haber recibido una ayuda pública. Los funcionarios podrán valorar la edad, la salud, la situación familiar, los recursos económicos, los activos, la educación y las capacidades laborales.
Programas como Medicaid, cupones de alimentos o subsidios de vivienda podrían formar parte del análisis, aunque su utilización no implica por sí sola una denegación automática.
“Durante la presidencia de Trump, USCIS está restableciendo el principio básico de que los inmigrantes deben ser capaces de mantenerse por sí mismos”, indicó la agencia al presentar la decisión como una defensa de la autosuficiencia y de los recursos financiados por los contribuyentes.
Zach Kahler, portavoz de USCIS, afirmó que el gobierno busca aplicar la ley y evitar que los contribuyentes subsidien a extranjeros que puedan depender de beneficios públicos. La agencia aseguró que los oficiales estudiarán los hechos pertinentes de manera individual.
El cambio también obligará a modificar el Formulario I-485, utilizado para solicitar la residencia permanente o el ajuste de estatus. USCIS anunció una versión revisada y advirtió que, desde el 18 de septiembre, no aceptará ediciones anteriores enviadas electrónicamente o con matasellos de esa fecha en adelante.
La política de carga pública fue uno de los asuntos migratorios más controvertidos del primer mandato de Trump. Su implementación en 2020 amplió los programas que podían ser considerados, pero la regulación fue retirada después de la llegada de Biden a la Casa Blanca.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes sostienen que el retorno de una interpretación más amplia podría generar temor entre familias de bajos ingresos y provocar que personas elegibles renuncien a servicios médicos, alimentarios o de vivienda. También advierten sobre posibles consecuencias para hogares mixtos integrados por inmigrantes y ciudadanos estadounidenses.
