El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aplicará el 30 de noviembre de 2026 nuevas tarifas al programa de inversionistas EB-5, una vía para obtener la residencia permanente. La agencia ajustará los cobros para financiar la administración del programa, atender los plazos legales de procesamiento y sostener los controles contra el fraude.
Según la regla final publicada en el Registro Federal, las solicitudes y peticiones con matasellos de esa fecha o posterior deberán incluir los nuevos importes. El cambio establece así una fecha concreta para quienes preparan trámites bajo esta categoría migratoria.
La medida afecta al programa destinado a extranjeros que invierten capital y generan empleos en territorio estadounidense. Para los cubanos interesados en esta alternativa, la actualización modifica los gastos administrativos asociados al proceso para solicitar una Green Card mediante inversión.
Nuevas tarifas del programa EB-5 desde el 30 de noviembre
USCIS explicó en su anuncio que los ingresos deben cubrir el funcionamiento completo del EB-5. Entre las tareas que requieren financiamiento figuran el análisis de expedientes, las comprobaciones de antecedentes y la revisión de los requisitos que deben cumplir los solicitantes.
El ajuste también busca aportar recursos para alcanzar los objetivos de tiempo de tramitación fijados por la ley. Esos objetivos forman parte de las obligaciones del programa y acompañan los requisitos de supervisión establecidos para las inversiones y las entidades participantes.
La disposición definitiva cierra el procedimiento regulatorio iniciado por el Departamento de Seguridad Nacional con una propuesta publicada en octubre de 2025. Por tanto, la entrada en vigor prevista para finales de este mes corresponde a la aplicación de una norma final, después de esa etapa de propuesta.
Residencia por inversión y controles sobre los proyectos
El Congreso estadounidense creó el EB-5 en 1990 para atraer capital extranjero y promover la contratación de trabajadores en el país. Los inversionistas pueden acceder a la residencia permanente si cumplen las condiciones del programa, vinculadas tanto al aporte económico como a la creación de puestos de trabajo.
En 2022, la Ley de Reforma e Integridad del EB-5 ordenó estudiar por separado cuánto cuesta administrar esta categoría. También exigió establecer tarifas suficientes para recuperar esos gastos y reforzó las herramientas de vigilancia sobre su funcionamiento.
Entre esas herramientas se encuentran las auditorías, las evaluaciones de cumplimiento y las inspecciones en los lugares de empleo. Su finalidad es comprobar que los proyectos respeten las exigencias legales y detectar posibles irregularidades, fraudes o abusos.
USCIS sostiene que las tarifas de presentación constituyen una de sus principales fuentes de financiamiento. Bajo ese esquema, quienes utilizan el sistema migratorio asumen buena parte del costo de revisar sus expedientes y mantener los servicios necesarios para resolverlos.
