Los inmigrantes que soliciten la residencia permanente en Estados Unidos enfrentarán desde el próximo 18 de septiembre una evaluación más amplia de su situación económica, después de que USCIS implemente una nueva interpretación de la llamada “carga pública”.
El cambio permitirá a los funcionarios migratorios considerar más elementos de la situación financiera y personal de cada solicitante para determinar si existe una posibilidad de que dependa principalmente de la asistencia pública en el futuro.
La modificación elimina buena parte de las reglas establecidas durante la administración de Joe Biden en 2022. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que la normativa anterior limitaba demasiado la información que podían revisar los funcionarios.
Con el nuevo criterio, USCIS recupera una mayor discreción para estudiar cada caso de manera individual y valorar el conjunto de circunstancias del solicitante.
Esto no quiere decir que una persona que reciba beneficios públicos vaya a perder automáticamente la posibilidad de obtener una Green Card.
Abogados de inmigración han advertido que uno de los principales cambios es precisamente que USCIS tendrá más elementos para analizar y que el resultado dependerá de las circunstancias particulares de cada expediente. Tampoco todas las categorías migratorias están sujetas a la regla de carga pública.
Entre los factores que pueden adquirir mayor importancia están los ingresos y recursos económicos del solicitante, su edad, situación familiar, educación, habilidades laborales y otros elementos que permitan determinar su capacidad para mantenerse por sus propios medios.
La nueva guía de USCIS establece que los funcionarios deben analizar los factores relevantes en conjunto y no basarse únicamente en el uso de un beneficio determinado.
Uno de los grupos que debe prestar especial atención es el de personas de bajos ingresos que soliciten ajustar su estatus dentro de EEUU.
También pueden enfrentar un análisis más complicado quienes tengan dificultades importantes para trabajar, carezcan de recursos económicos suficientes o dependan de familiares que tampoco tengan una situación financiera sólida.
Esto puede tener importancia para los cubanos. Aunque muchos cubanos llegan a EEUU mediante vías migratorias que tienen reglas particulares y algunas categorías están exentas de la causal de carga pública, sus familiares que soliciten la residencia por otras vías pueden quedar sujetos a la evaluación.
Por ejemplo, un cubano que solicite ajustar su estatus mediante una petición familiar debe revisar específicamente si su categoría está sometida a esta causal.
También deben tener cuidado las familias cubanas en las que un integrante solicita la residencia mientras depende económicamente de otro miembro del hogar. La situación de los padres o familiares mayores puede ser relevante para la planificación familiar, aunque recibir atención médica, alimentos u otra ayuda pública no significa por sí solo que la residencia será rechazada.
La regla también modifica la manera en que USCIS puede considerar determinados beneficios. El cambio elimina las definiciones y restricciones específicas de la normativa de 2022 y devuelve a los funcionarios un margen más amplio para valorar la información disponible en cada expediente.
El cambio forma parte de una política migratoria más amplia de la administración de Donald Trump que busca aumentar los controles sobre la inmigración legal.
En las últimas semanas, el gobierno también ha endurecido la evaluación financiera de solicitantes de visas y ha utilizado el argumento de la posible dependencia de programas públicos para justificar restricciones migratorias.
Para los cubanos que ya están preparando una solicitud de residencia, la fecha es importante: las solicitudes de ajuste de estatus presentadas antes del 18 de septiembre seguirán bajo las reglas anteriores, mientras que las presentadas a partir de esa fecha quedarán sujetas al nuevo estándar, salvo que un tribunal suspenda su aplicación.
Por ello, quienes tengan bajos ingresos, dependan de determinados programas públicos, sean adultos mayores o tengan circunstancias familiares y económicas complejas deberían revisar su situación con un abogado de inmigración antes de presentar la solicitud.
La nueva regla no establece una prohibición general para quienes reciben asistencia, pero sí aumenta la importancia de demostrar que el solicitante cuenta con recursos y posibilidades razonables para mantenerse en EEUU.
