El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) cambió su política sobre el uso de pruebas de ADN para acreditar vínculos genéticos en trámites migratorios bajo una nueva directriz de la Administración de Donald Trump.
Vigente de inmediato, la normativa permite sugerir esos análisis en una etapa más temprana cuando los documentos principales no existan, no sean fiables o resulten insuficientes, informó un reporte de El Nuevo Herald.
La actualización afecta a quienes soliciten beneficios migratorios basados en una relación familiar, tanto en Miami como en el resto de EEUU. Sin embargo, no convierte el análisis genético en un requisito general ni automático: USCIS lo define como una evidencia opcional que podrá plantearse en determinados expedientes.
Pruebas de ADN para inmigrantes: cuándo se sugerirán
Según el documento divulgado por USCIS, las pruebas podrán utilizarse para establecer una relación genética alegada cuando la evidencia principal no esté disponible, genere dudas sobre su fiabilidad o no baste para demostrar el vínculo. Además, el funcionario deberá considerar que hacen falta elementos adicionales antes de sugerir el análisis.
“Una forma opcional de evidencia” es la definición que emplea la agencia para referirse a estas pruebas. Por tanto, la recomendación dependerá de las circunstancias particulares del trámite y de los documentos aportados por la persona solicitante.
USCIS no precisó qué beneficios migratorios podrían quedar afectados directamente. La institución se limitó a señalar que cada solicitud tiene requisitos de elegibilidad propios y que el interesado debe demostrar que cumple las condiciones necesarias para obtener la aprobación.
Entre los procesos migratorios vinculados a relaciones familiares se encuentran las visas de inmigrante y las peticiones de ajuste de estatus. En estos casos, la agencia revisa las evidencias presentadas para determinar si el solicitante reúne los requisitos correspondientes.
El cambio adelanta el recurso a la evidencia genética
La diferencia principal está en el momento en que el funcionario puede sugerir la prueba. La política anterior permitía plantear el análisis de ADN únicamente después de considerar insuficientes tanto las evidencias primarias como las secundarias para demostrar la relación genética declarada.
Con la nueva directriz, ya no será necesario llegar siempre a ese punto. El funcionario podrá sugerir la prueba cuando las evidencias primarias requeridas no puedan obtenerse, no resulten fiables o sean insuficientes, siempre que considere necesario recibir información adicional.
“Ciertas solicitudes de beneficios de inmigración exigen que el solicitante presente pruebas primarias para demostrar la existencia de la relación genética cualificada alegada”, explicó USCIS. La actualización también aclara en qué circunstancias esos documentos pueden considerarse poco fiables o insuficientes.
La medida no significa que toda persona que tramite un beneficio familiar tendrá que someterse a un análisis. La propia agencia insiste en su carácter opcional y condiciona su uso a la necesidad de comprobar un vínculo genético que no haya quedado establecido mediante la documentación principal.
La política responde a una orden de Trump
USCIS afirmó que la actualización se ajusta a la sección nueve de la Orden Ejecutiva 14165, titulada “Aseguramiento de nuestras fronteras”, del presidente Donald Trump.
Esa disposición instruye al Departamento de Seguridad Nacional a utilizar “cualquier tecnología y procedimiento disponible” para comprobar la validez de las relaciones familiares alegadas.
No es la primera modificación de este tipo bajo una administración de Trump. En 2018, durante su primer mandato, USCIS también actualizó su política sobre análisis de ADN, aunque aquella decisión se limitó a las solicitudes destinadas a demostrar vínculos genéticos entre hermanos de padre y madre o entre medios hermanos.
La nueva directriz tiene un alcance más amplio dentro de los casos en los que sea necesario acreditar una relación genética. Su aplicación no queda limitada a las solicitudes nuevas: también incluye los expedientes que ya estaban en trámite.
USCIS estableció que la política entró en vigor inmediatamente y se aplica tanto a las solicitudes pendientes como a las presentadas desde el 5 de agosto de 2026.
