Decenas de familias latinoamericanas, en su mayoría cubanas y venezolanas, desde este lunes debieron comenzar el desalojo del parque de casas móviles Lil’ Abner, en Sweetwater, Miami, informó Telemundo 51.
En noviembre pasado, alrededor de 900 propietarios recibieron notificaciones informándoles que el parque cerraría permanentemente el 19 de mayo de 2025. La empresa propietaria, CREI Holdings, planea transformar el terreno en un programa de viviendas asequibles subsidiadas por el gobierno.
Sin embargo, 190 residentes se unieron en una demanda colectiva contra la empresa, la ciudad de Sweetwater y el condado Miami-Dade. Los afectados Alegan que los desalojos son ilegales, pues la notificación incumplió normas, entre ellas la obligación de informar primero a la asociación de propietarios y respetar el derecho de primera opción para compra.
La demanda también sostiene que hubo un aumento ilegal del alquiler en un plazo menor a 90 días antes del aviso, hecho que violó la ley estatal de Florida. Asimismo, acusa a las autoridades locales de no haber realizado estudios para asegurar alternativas habitacionales para los residentes afectados.
Mientras tanto, los desalojos han dejado consecuencias trágicas; vecinos relatan demolición de viviendas con posibles residuos tóxicos, incendios e incluso muertes vinculadas al impacto social.
Entre quienes resisten está Joan Puey, quien continúa viviendo en su casa y pagando el alquiler a través de abogados.“Hay una demanda, y sí, el terreno es de él, y sabemos que tenemos que salir de aquí. Pero él hizo cosas que no tenía que hacer, aparte lo hizo de noviembre para que nos vayamos en enero y un montón de gente aquí perdió sus trailers y perdieron su dinero. Por eso se hizo una demanda y hay un caso y él lo sabe”, comentó.
Asimismo, agregó: “Se vence el plazo para él, pero hay un juicio y la que manda es la jueza. Él puede tener 100.000 millones de dólares, pero hasta que la jueza no nos saque de aquí y no le dé el favor a él, lo gane él, nosotros no nos vamos”.
Otro caso emblemático es el de Vivian Hernández, cubana de más de 60 años, que teme quedarse sin techo tras invertir más de 230.000 dólares en su casa móvil. “Mi mayor miedo es volver a vivir en mi carro o en un sofá, no sé si tendré fuerzas”, confesó a BBC Mundo.
Luis Meza, otro vecino oriundo de la Isla y residente desde 1994, también se mantiene firme a pesar del estrés que causó la noticia a su familia. “Empezar de nuevo con estos precios es imposible”, afirma.
La abogada venezolana Milagro Pérez, quien compró su casa dos meses antes del aviso, denuncia que fue engañada: le prometieron que no habría cambios en el uso del terreno mientras se gestionaba su recalificación para nuevos desarrollos inmobiliarios.
Li’l Abner, fundado en 1968, fue durante décadas un refugio asequible para familias de ingresos bajos y medios. La transformación prevista por CREI Holdings promete viviendas “asequibles”, pero los afectados temen no poder costearlas y enfrentan el riesgo real de quedar sin techo en un contexto de creciente desigualdad y especulación inmobiliaria.
