El médico veterinario Yasser García López, de 32 años, terminó siendo víctima de la represión en Cuba al ser juzgado y encontrado culpable de los delitos “Propaganda contra el orden constitucional” y “Desacato”, tras protestar por los apagones en su localidad, informó Martí Noticias.
Esta semana, el Tribunal Provincial de Villa Clara dio por concluidas las audiencias contra el profesional y ahora el caso se encuentra listo para la emisión de una sentencia. Este sentido, la fiscalía solicita una pena de ocho años de prisión para el acusado.
La acusación se basa en las publicaciones críticas realizadas por García López en sus redes sociales y por gritar consignas antigubernamentales durante un apagón en su vecindad, en Santa Clara.
Giselle Morfi, Jefa del Equipo de abogados del centro de asesoramiento legal Cubalex, defendió al acusado, afirmando que las acciones de García López están protegidas por la libertad de expresión.
“Él ha sido juzgado por el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, que está reconocido en los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos. Por tanto, estos actuares de Yaser no son ilegales, no son ilegítimos”, expresó Morfi.
García López fue detenido en marzo en el cuartel provincial de la policía política y, posteriormente, trasladado a la prisión provisional de La Pendiente, donde actualmente permanece privado de su libertad.
A través de las redes sociales, decenas de personas, incluyendo familiares, colegas y vecinos de García López, han expresado su rechazo a las imputaciones, calificándolas de injustas y arbitrarias.
Algunos reconocen que las críticas públicas de Yaser, por su naturaleza, lo ponían en una situación de riesgo, aunque resaltaron que su valentía al expresar “la verdad” tiene un alto costo.
Vecinos de Bayamo reciben sentencia por protestar contra los apagones
El Tribunal Municipal Popular de Bayamo, en la provincia de Granma, dictó sentencia contra 15 personas por su participación en las protestas masivas del 17 de marzo de 2024, cuando decenas de residentes exigieron respuestas ante los prolongados apagones, la escasez de alimentos y la falta de servicios básicos.
Las penas impuestas a los acusados varían entre tres y nueve años de prisión. Los cargos incluyen desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir, según un comunicado oficial del Tribunal Supremo Popular.
Ocho de los procesados fueron condenados a penas de entre seis y nueve años de privación de libertad, cinco recibieron sentencias de tres a cinco años, y otros dos fueron sancionados con trabajo correccional sin internamiento.
Estas condenas se dictaron tras un juicio que, según las autoridades, cumplió con las garantías procesales establecidas por la ley cubana. Sin embargo, organizaciones como el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) han denunciado que los acusados estuvieron más de un año y tres meses en prisión preventiva antes de ser juzgados, calificando esta medida como un abuso de la detención sin juicio previo.
