En una reciente entrevista en Nueva York, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cossío negó rotundamente la existencia de presos políticos en Cuba.
Con sus palabras, acorde al discurso de mentiras del régimen castrista sobre este tema, mostró un rechazo a los informes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI), que han documentado la represión contra manifestantes, activistas, periodistas independientes y opositores al régimen.
“Ni siquiera uno”, respondió el funcionario al ser cuestionado por el periodista Mehdi Hasan, de Zeteo, en el marco de las sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ante los cuestionamientos, Fernández de Cossío insistió en que los informes carecen de fundamentos sólidos. El periodista también recordó que AI, junto con Human Rights Watch, realiza su labor de monitoreo de manera consistente y sin distinción entre gobiernos de izquierda o derecha, comunistas o capitalistas, democráticos o dictatoriales.
El funcionario cubano justificó las críticas de AI, acusando a la organización de estar “empecinada” con Cuba, y recurrió a la retórica habitual del régimen, señalando que la entidad es financiada por intereses antisocialistas.
A pesar de las preguntas insistentes de Hasan, quien volvió a preguntar si el gobierno cubano creía que los críticos y protestantes eran arrestados arbitrariamente, Fernández de Cossío reafirmó que no, que “no arbitrariamente”.
Cuba alcanza récord de presos políticos en agosto de 2025
El rechazo a la realidad de los presos políticos contrasta con los informes de organizaciones como Prisoners Defenders, que documentan la creciente represión en el territorio cubano.
Según su informe más reciente, al cierre de agosto de 2025, Cuba alcanzó un récord de 1.185 presos políticos, cifra que sigue creciendo con el paso de los meses. El informe destacó que 13 nuevos presos políticos fueron añadidos a la lista en agosto, lo que refleja un patrón recurrente de persecución política, fabricación de cargos y condenas severas para silenciar cualquier forma de oposición al régimen.
La ONG también reportó que 472 presos políticos sufren de patologías médicas graves y 41 de trastornos mentales sin recibir el tratamiento adecuado en prisión. Además, denunció que el régimen tiene a 33 menores de edad entre sus presos políticos, 30 de los cuales cumplen sentencias, mientras que tres aún enfrentan procesos penales sin tutela judicial. A la fecha, también se contabilizan 122 mujeres encarceladas por razones políticas.
Estos datos y las denuncias de abusos en las cárceles cubanas evidencian la discrepancia entre la retórica oficial del gobierno y la realidad que viven miles de ciudadanos cubanos, que son perseguidos, encarcelados y sometidos a tratos crueles por ejercer su derecho a la libertad de expresión y su oposición al régimen.
Recientemente, tribunales cubanos han emitido sentencias contra ciudadanos comunes que protestaron contra los apagones en la Isla. De concretarse la encarcelación de estas personas, automáticamente se convierten en presos políticos, ya que su sanción es por puro motivo ideológico.
Por ejemplo, esta semana, el veterinario Yasser García López, de 32 años, ahora se encuentra a la espera de una sentencia, tras un juicio en su contra por “Propaganda contra el orden constitucional” y “Desacato”. Según el régimen, este profesional cometió esos delitos por pedir una solución a los apagones en Santa Clara.
