La fiscalía cubana ha solicitado una pena de 10 años de prisión para Alexander Verdecia Rodríguez, un cubano de 33 años acusado de ejercer su derecho a la libertad de expresión mediante publicaciones en Facebook.
La vicefiscal jefa de Bayamo (Granma), Eliannys Bárbara Infante Bazán, presentó la solicitud tras considerar que sus publicaciones constituyen una “propaganda contra el orden constitucional” e “instigación a delinquir”.
El caso de Verdecia se ha convertido en un ejemplo más de la represión digital que vive la Isla. Según la fiscal, las publicaciones del acusado, que incluyen textos y comentarios críticos al régimen cubano, fueron catalogadas como “contrarrevolucionarios”.
La acusación está basada en capturas de pantalla de las publicaciones de Verdecia y en un peritaje realizado por la Oficina de Seguridad para las Redes Informáticas, un organismo gubernamental encargado de monitorear y reprimir las opiniones políticas en Internet.
La fiscal ha solicitado específicamente 10 años de prisión por el cargo de “Propaganda contra el orden constitucional”, además de un año adicional por “Instigación a delinquir”. Este tipo de acusaciones se han vuelto recurrentes en el contexto de un clima de creciente control y represión sobre la libertad de expresión en las plataformas digitales cubanas.
El informe presentado por el Ministerio del Interior incluye un análisis de las publicaciones de Verdecia en su perfil de Facebook, en el que criticó abiertamente al gobierno cubano, cuestionando sus políticas y llamando a una mayor apertura democrática.
Este caso resalta el esfuerzo continuo del régimen cubano por regular y controlar la información que circula en las redes sociales, especialmente aquellas opiniones que se apartan de la narrativa oficial. En la actualidad, el control sobre las plataformas digitales ha intensificado las tensiones sociales y ha llevado a numerosos arrestos y juicios por expresar puntos de vista contrarios al gobierno.
La defensa de Verdecia ha denunciado que el proceso judicial carece de garantías y que la acusación es un claro abuso de poder. Este caso subraya la creciente preocupación por el control de la libertad de expresión en Cuba, un tema que sigue siendo fuente de debate tanto dentro de la Isla como en la comunidad cubana en el exilio.
La denuncia sobre las prácticas de represión digital se suma a la larga lista de casos de activistas, periodistas y ciudadanos que enfrentan condenas por expresarse en contra del régimen en redes sociales. Con este nuevo incidente, la represión a la libertad de expresión en Cuba sigue marcando un capítulo oscuro en la historia reciente del país.
