Gobierno de Bolivia se pronuncia sobre la expulsión del activista Magdiel Jorge Castro

Debido a sus denuncias en Twitter ante los problemas que se viven en la Isla, al activista ha sido expulsado de Bolivia, país en el que reside desde hace algunos años. (Foto: Magdiel Jorge Castro – Twitter)

Tras emitir una orden de expulsión del territorio boliviano al activista cubano Magdiel Jorge Castro, el gobierno de ese país sudamericano ha hecho declaraciones sobre las posibles “causas” que conllevaron a la decisión.

La noticia de su inminente salida del Estado Plurinacional de Bolivia fue dada a conocer por el propio antillano, durante una directa que compartió con sus seguidores en redes sociales, para denunciar lo que calificó como una “decisión política sin precedentes”.

En esa oportunidad, Jorge Castro aseguró que los agentes que lo atendieron en las oficinas del Órgano de Migración, tenían una carpeta con sus publicaciones sobre los desmanes cometidos contra los Derechos Humanos en Cuba, como único “delito” cometido por él, pero que lo ponía en la situación de tener que abandonar suelo boliviano en un plazo de 15 días hábiles.

Tras su denuncia ante varias instituciones y a través de redes sociales, finalmente el Gobierno boliviano emitió este miércoles sus “justificaciones” para la expulsión del activista cubano, al cual acusó de “interferir en cuestiones políticas de un país”, en referencias a sus denuncias contra el régimen castrista.

Por su parte, Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno Interior, ha declarado a medios de prensa internacionales que “cualquier ciudadano extranjero que se asiente en territorio nacional tiene que cumplir con la normativa legal y vigente”.

Así mismo, aseveró que “si la Dirección General de Migración ha determinado que el ciudadano cubano ha incumplido las normas, entonces debe retirarse del país”, confirma la agencia noticiosa EFE.

Añadió además que “Cualquier ciudadano que interrumpa nuestras normativas, que cometa faltas, contravención o incluso delitos, va a tener que cumplir la sanción correspondiente”.

Cuestionado sobre si está fuera de la ley ser twittero, del Castillo sostuvo que un tuit “no es un delito”, pero que en Bolivia “no van a venir a hacer lo que quiera cualquier ciudadano extranjero”.

“Está garantizada la libertad de pensamiento, cualquier persona puede pensar y decir lo que piensa, pero no puede interferirse en cuestiones políticas de un país”, fueron las declaraciones del funcionario público.

Desde La Habana ya han lanzado su campaña difamatoria contra el joven activista, por lo que el medio oficialista Prensa Latina (PL) se ha hecho eco de un artículo publicado en el sitio digital elboliviano.net, asociando a Magdiel con la Gobernación de Santa Cruz y el Comité Cívico de ese departamento, en el cual reside.

Estas instancias han sido calificadas por la administración de Luis Arce como “instituciones opositoras extremistas al actual Gobierno boliviano y promotoras del paro con violencia de 36 días que tenía como objetivo desestabilizar el orden democrático de Bolivia”.

Por si fuera poco, PL sigue repitiendo el viejo estribillo de la “ayuda” de Estados Unidos a quienes se atreven a exponer su atroz dictadura: “el activista anticubano, ahora en circunstancias de salida temporal obligatoria de Bolivia, se esfuerza a diario por tratar de imponer tendencias coincidentes con las de estructuras que reciben financiamiento de agencias del Gobierno de Estados Unidos”.

Irónicamente, La Habana no considera “bochornoso” ni “desleal” cuando Estados Unidos anunció el pasado mes de octubre que donaría dos millones de dólares estadounidenses (USD) como ayuda humanitaria de emergencia al pueblo cubano, tras el paso del huracán Ian por la Isla.