La Fiscalía General de Florida abrió este martes una investigación contra OpenAI para determinar si ChatGPT incurrió en conducta criminal relacionada con el tiroteo ocurrido el año pasado en la Universidad Estatal de Florida, en Tallahassee, donde murieron dos personas y otras seis resultaron heridas.
El fiscal estatal James Uthmeier informó en Orlando que los fiscales revisaron de forma preliminar registros de conversaciones entre la aplicación de inteligencia artificial y el atacante, Phoenix Ikner, para establecer si la plataforma pudo ayudar o facilitar el crimen.
Según Uthmeier, la pesquisa buscará esclarecer si OpenAI tiene alguna responsabilidad penal por las acciones atribuidas a ChatGPT en relación con el ataque armado. El funcionario hizo el anuncio durante una conferencia de prensa en Tampa y presentó el caso como una investigación criminal en curso.
La Oficina de Procesamiento Estatal de Florida ya emitió una citación judicial contra OpenAI. El requerimiento exige documentos sobre las políticas internas de la empresa, sus materiales de entrenamiento vinculados a amenazas de dañar a otras personas y sus normas para reportar posibles delitos pasados, presentes o futuros.
El foco de la investigación está puesto en determinar si las respuestas ofrecidas por ChatGPT pudieron tener algún papel relevante en la conducta del tirador. Hasta ahora, el fiscal no ha detallado públicamente el contenido completo de los chats revisados, pero sí confirmó que esos intercambios forman parte de la evaluación inicial de los investigadores.
OpenAI rechazó cualquier responsabilidad en el caso. La portavoz de la empresa, Kate Waters, calificó el tiroteo en FSU como una tragedia, pero sostuvo que la compañía no tuvo participación en los hechos y que ha cooperado con las autoridades desde el inicio.
En una declaración enviada por correo electrónico, Waters afirmó que ChatGPT solo ofreció respuestas fácticas a preguntas cuya información podía encontrarse ampliamente en fuentes públicas de Internet. También aseguró que la herramienta no alentó ni promovió actividades ilegales o dañinas.
Phoenix Ikner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado y varios cargos de intento de asesinato en primer grado por el ataque que sembró pánico en el campus universitario de la capital floridana. Los fiscales del caso ya adelantaron que buscarán la pena de muerte.
Las autoridades sostienen que Ikner, quien es hijastro de una agente de sheriff local, utilizó el antiguo arma de servicio de su madrastra para ejecutar el tiroteo. Ese detalle ha sido parte central de la reconstrucción de los hechos realizada por los investigadores.
El anuncio también se produce en medio de un contexto político interesante. Uthmeier, republicano, fue designado para el cargo por el gobernador Ron DeSantis después de que Ashley Moody dejara la Fiscalía General para ocupar el escaño del Senado federal que quedó vacante cuando Marco Rubio pasó a ser secretario de Estado.
Ahora, Uthmeier competirá en noviembre para retener el puesto por voto popular. Con ese escenario, la investigación sobre OpenAI añade presión pública a un caso de alto impacto que mezcla violencia armada, tecnología y posibles responsabilidades penales todavía no resueltas.
