Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro y figura cercana al núcleo del poder cubano, aseguró que el régimen estaría dispuesto a liberar a los más de 1.200 presos políticos que existen en la Isla.
La declaración forma parte de una amplia entrevista ofrecida al medio estadounidense Usa Today en La Habana, donde también reveló detalles personales y el deseo de negociar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
En la conversación, revisada por Periódico Cubano, el también conocido con el apodo de “El Cangrejo” indicó que las excarcelaciones de los detenidos por motivos ideológicos se darían bajo “las condiciones adecuadas”.
El coronel del Ministerio del Interior no detalló cómo serían esas condiciones. Si se toman en cuenta los antecedentes sobre este tema, probablemente los liberados serían enviados de manera inmediata al exilio o estarían de por vida bajo libertad condicional.
El último informe de Prisoners Defenders describe una intensificación de la persecución política a pocos días del quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021. La organización jurídica, con sede en Madrid, estima que Cuba alcanzó los 1.260 casos en abril, mientras los datos provisionales de junio apuntaban a superar los 1.300.
🇨🇺 A 5 años del #11J, el régimen cubano no ha reducido la represión: la ha perfeccionado. Nuestro nuevo informe expone cómo Cuba se prepara para impedir o castigar la próxima protesta:
▪️ +175 nuevos presos políticos en 2026
▪️ 114 casos por ejercer derechos de manifestación,… pic.twitter.com/BR3nka8bLQ— Prisoners Defenders (@PrisonersDFNdrs) June 30, 2026
Durante el primer semestre de 2026, la entidad incorporó más de 175 nuevos prisioneros políticos a sus registros. De ese grupo, 114 permanecían encarcelados por ejercer derechos relacionados con la manifestación, la asociación o la libertad de expresión.
Al menos 79 fueron privados de libertad por protestas pacíficas y 22 por publicaciones, comunicaciones o actividades detectadas mediante vigilancia digital. El documento también identifica a nueve menores de entre 15 y 17 años sometidos a detención o encarcelamiento, cuatro de ellos con apenas 15 años.
Prisoners Defenders denuncia que las autoridades emplean figuras penales como “desórdenes públicos”, “propaganda”, “sabotaje” y “terrorismo” para castigar conductas políticas y generar un efecto disuasorio sobre posibles manifestantes.
Según la organización, la represión ya no se limita a detener a quienes salen a las calles. El aparato de seguridad busca anticipar las protestas mediante seguimiento de redes sociales, vigilancia territorial, interrogatorios, amenazas y encarcelamientos preventivos. El propósito sería desarticular cualquier movilización antes de que alcance una dimensión semejante a la del 11J.
La referencia a eventuales excarcelaciones contrasta con la postura expresada en abril por Ernesto Soberón Guzmán, embajador cubano ante Naciones Unidas. El diplomático dijo a The Associated Press que los presos políticos no estaban sobre la mesa de negociación y descartó que La Habana aceptara el ultimátum transmitido por una delegación estadounidense durante una reunión celebrada el 10 de abril.
Soberón defendió las condenas como asuntos internos sujetos al sistema legal cubano. Washington respondió que la libertad de los opositores no debía convertirse en una concesión negociable y advirtió al régimen que dejara de dilatar las conversaciones.
Uno de los últimos presos políticos de alto perfil liberados por Cuba fue José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Su salida de prisión ocurrió el 13 de octubre de 2025.
Ferrer llegó a Miami con su familia después de aceptar el exilio como condición para abandonar la cárcel. Funcionarios estadounidenses acompañaron su traslado en el vuelo AA1532 desde Santiago de Cuba.
