El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arremetió contra la Corte Penal Internacional (CPI), acusándolo de ser un tribunal “corrupto” y “altamente politizado”.
Al anunciar nuevas sanciones contra altos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI), el funcionario cubanoamericano advirtió que la administración de Donald Trump pretende debilitar al tribunal hasta impedir que pueda investigar o procesar a ciudadanos estadounidenses y de otros países que no hayan aceptado su jurisdicción.
La decisión vuelve a enfrentar a Washington con una institución creada para investigar genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad a nivel global.
Rubio designó como sancionados a la presidenta de la CPI, la japonesa Tomoko Akane, y al fiscal principal Abdoulaye Seye, de Senegal, Las medidas bloquean sus posibles activos bajo jurisdicción estadounidense y restringen su acceso al sistema financiero de EEUU.
En su comunicado, Washington sostiene que ambos participaron directamente en investigaciones contra funcionarios de países que no son miembros del Estatuto de Roma.
La ofensiva ocurre después de que la CPI emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant por acusaciones relacionadas con el genocidio palestino en Gaza.
El tribunal sostiene que existen fundamentos para investigar crímenes de guerra dentro de su jurisdicción, con pruebas y documentos utilizados por la Fiscalía siendo parte del expediente público del caso, aunque las acusaciones todavía deben ser examinadas judicialmente.
“Es un tribunal supranacional corrupto y fatalmente politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha excedido en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía del Estado”, declaró Rubio en su comunicado.
La posición de Washington contrasta con la relación que el propio gobierno estadounidense mantuvo anteriormente con la CPI. El Departamento de Estado había respaldado durante años mecanismos internacionales de justicia para investigar atrocidades y había colaborado con procesos relacionados con crímenes cometidos por adversarios políticos de Washington, como Rusia y Venezuela.
La contradicción se hizo más evidente con el caso israelí. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma y sostiene desde hace años que la CPI no debe ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses ni sobre nacionales de países que tampoco reconocen al tribunal.
“Nuestra campaña del Gobierno en su totalidad para desmantelar la amenaza que supone la CPI para la soberanía nacional será de gran alcance (…)La Administración Trump está dispuesta a adoptar medidas adicionales, si fuera necesario, para desmantelar sistemáticamente la CPI hasta que sea incapaz de amenazar la soberanía estadounidense”, cerró el comunicado a manera de amenaza.
La política exterior estadounidense también muestra diferencias en la manera en que Washington trata a gobiernos considerados adversarios y a otros con los que mantiene relaciones estratégicas pese a cuestionamientos sobre derechos humanos.
EEUU mantiene una fuerte presión mediante sanciones contra países como Venezuela, Rusia e Irán, mientras conserva alianzas y vínculos militares o diplomáticos con gobiernos que también han recibido denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos, entre ellos Israel, Turquía y Corea del Norte.
En el caso de Irán, la confrontación llegó incluso al terreno militar este año, después de que EEUU e Israel lanzaran ataques contra territorio iraní en febrero, conflicto que continúa a la fecha.
El caso de la CPI plantea así una cuestión sobre la aplicación de los principios que Washington dice defender, utilizando por un lado sanciones y hasta fuerza militar para presionar a algunos gobiernos totalitarios, mientras impide a un organismo internacional neutral juzgar a otros.
Con las nuevas medidas, la administración Trump amplía su campaña contra la CPI y busca que otros países reduzcan su financiación y participación en el tribunal, aunque de momento la Unión Europea (UE), la ONU y Japón se han pronunciado a favor de la CPI.
NEWSMAX: Secretary of State Marco Rubio calling it a ‘whole of government effort,’ with the State Department ready to take further action to dismantle the International Criminal Court. pic.twitter.com/FZbfpJXEHp
— Department of State (@StateDept) August 19, 2026
