El gobierno de Estados Unidos volvió a endurecer su ofensiva contra la Corte Penal Internacional (CPI) al imponer sanciones contra su presidenta, Tomoko Akane, y contra el magistrado senegalés Abdoulaye Seye.
La medida, anunciada este martes 18 de agosto por el secretario de Estado Marco Rubio, incluye el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense y restricciones financieras.
Washington acusa a ambos funcionarios de participar en investigaciones contra ciudadanos israelíes, que no reconocen la autoridad de la corte, y que son aliados de su gobierno.
La administración de Donald Trump sostiene ahora que la CPI es un organismo “politizado” que amenaza la soberanía estadounidense, por denunciar el genocidio contra la población palestina.
El argumento contrasta con la posición que Washington mantuvo en otros momentos, cuando consideró útil el trabajo de la misma institución para investigar posibles crímenes internacionales contra países que sí considera sus adversarios.
La diferencia quedó clara durante la invasión rusa de Ucrania. En 2022, el Departamento de Estado afirmó que las fuerzas de Vladimir Putin habían cometido crímenes de guerra y dijo expresamente que EEUU apoyaba los esfuerzos internacionales para investigar esas acciones, incluidos los realizados por la CPI.
Washington incluso calificó de positiva la apertura de la investigación del tribunal sobre Ucrania, como calificó positivas las investigaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela en 2024.
La CPI abrió en 2021 una investigación formal sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión de las protestas de 2017.
El proceso analizaba denuncias de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a funcionarios y fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.
Para ese entonces, el país norteamericano llevaba años enfrentado políticamente con Maduro. Washington impuso sanciones contra funcionarios venezolanos y cuestionó la legitimidad de su gobierno, mientras denunciaba corrupción, represión y violaciones de derechos humanos.
El problema para Washington aparece cuando el mismo mecanismo de justicia internacional dirige su atención hacia sus aliados. La CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes cometidos en su invasión a Gaza.
Israel y EEUU no son miembros del Estatuto de Roma y rechazan la jurisdicción del tribunal. Las nuevas sanciones estadounidenses están relacionadas directamente con esas investigaciones.
La administración Trump comenzó esta nueva ofensiva en febrero de 2025 y desde entonces ha ampliado las sanciones contra funcionarios de la corte. El propio Departamento del Tesoro mantiene un programa específico de sanciones contra personas vinculadas con la CPI.
En un comunicado, la CPI reaccionó afirmando que las sanciones “socavan el Estado de derecho”, y rechazó las presiones, asegurando que continuará desempeñando sus funciones “con independencia e imparcialidad” y de acuerdo con el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.
“Cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo”, señaló el tribunal con sede en La Haya.
Por su parte, la ONU también expresó preocupación, mientras Japón calificó las sanciones contra Akane, ciudadana japonesa, como “muy desafortunadas”.
El cambio de postura deja una contradicción difícil de ignorar: cuando la CPI investigaba los abusos atribuidos a Putin o a Maduro, adversarios de EEUU, Washington podía presentarla como una herramienta útil para buscar justicia.
Ahora que el tribunal examina el mismo tipo de acusaciones, pero contra EEUU y uno de sus principales aliados, el gobierno estadounidense sostiene que esa misma institución carece de legitimidad, incluso pese a la evidencia y las múltiples denuncias internacionales.
