Revés para Maduro: Corte Penal Internacional desestima apelación por crímenes de lesa humanidad

El gobierno de Nicolás Maduro enfrenta una acusación por brutal represión contra manifestantes en Venezuela. (Captura de pantalla © Nicolás Maduro – YouTube)

La Corte Penal Internacional (CPI) desestimó un recurso de apelación presentado por el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante una acusación por posibles crímenes de lesa humanidad en el país sudamericano.

Según BBC, el juez Marc Perrin Brichambaut confirmó que la Cámara de Apelaciones rechazó los argumentos emitidos por el gobierno venezolano. Esta situación marca un revés para Maduro, cuya administración ha estado bajo escrutinio internacional desde que la CPI abrió una investigación formal en noviembre de 2021.

Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en enfrentar dicho proceso, el cual se centra en presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos durante las violentas protestas de 2017 contra el autoritario régimen.

Las manifestaciones de ese año fueron desencadenadas por la escasez de alimentos y medicinas, la inflación y la inseguridad, agravadas por la suspensión de un referendo revocatorio contra Maduro.

La Fiscalía de la CPI ha afirmado que existen “bases razonables” para creer que funcionarios y militares se encuentran involucrados en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas durante dichas protestas, que resultaron en la muerte de al menos 125 personas.

Ante este proceso conocido como “Venezuela I”, el gobierno de Maduro ha argumentado que la CPI debe respetar el principio de complementariedad, que establece que la jurisdicción internacional complementa a la nacional y solo interviene en casos en los que el país no esté investigando los mismos crímenes.

Sin embargo, los jueces de apelación rechazaron esta argumentación por unanimidad, permitiendo así que la Fiscalía de la CPI continúe con las pesquisas. En respuesta al fallo, el gobierno venezolano emitió un comunicado en el que expresó su desacuerdo, afirmando que la decisión responde a una supuesta instrumentalización de la justicia penal internacional con fines políticos.

Mientras tanto, organizaciones de defensa de derechos humanos en Venezuela han aplaudido la decisión de la CPI. Esto ocurre en un contexto de protestas por la detención de la activista Rocío San Miguel, quien fue arrestada el pasado febrero bajo acusaciones de participar en una conspiración para asesinar al mandatario.

Asimismo, el rechazo se da unos días después de que Caracas expulsara a la misión del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos, luego de que sus empleados recibieran acusaciones sin fundamentos por parte del gobierno venezolano.

El régimen de Maduro los acusó de “convertirse en un centro de espionaje interno y conspiración contra su gobierno”. Pese a la salida de Venezuela, los funcionarios de la ONU continuarán sus labores dirigidas a este país desde Panamá.