El Gobierno cubano, que durante décadas limitó la propiedad privada y mantuvo bajo control estatal los principales sectores productivos, asegura ahora que las sanciones de Estados Unidos impiden atraer las inversiones necesarias para sacar al país de la crisis.
Ernesto Soberón Guzmán, embajador de Cuba ante las Naciones Unidas, defendió las recientes reformas económicas de La Habana durante una entrevista con Associated Press y cuestionó directamente al secretario de Estado, Marco Rubio.
“¿A qué le tiene miedo?”, preguntó el representante cubano. Soberón sostuvo que, si Washington considera incompetentes a las autoridades de la Isla, resulta difícil entender por qué necesita anunciar nuevas sanciones “cada dos semanas”.
El embajador presentó las medidas estadounidenses como una contradicción: Estados Unidos lleva años exigiendo que Cuba abra su economía, pero continúa castigando sectores y empresas cubanas justo cuando La Habana afirma estar creando mayores espacios para el capital privado.
La reclamación también encierra otra contradicción menos conveniente para el régimen. El Gobierno cubano pide ahora acceso a las inversiones, los negocios y el capital extranjero que durante décadas restringió por temor a perder su dominio sobre la economía y la población.
Embajador cubano en EEUU culpa a las sanciones
Soberón afirmó que las restricciones de Washington representan “el principal obstáculo” para poner en práctica las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional.
De acuerdo con su explicación, los apagones y la escasez de combustible dificultan el funcionamiento diario de las empresas, el desplazamiento de trabajadores y la realización de nuevos proyectos. Esas condiciones, agregó, terminan alejando tanto a los inversionistas como a los turistas.
El diplomático argumentó que no basta con autorizar la entrada de capital extranjero si las compañías encuentran dificultades para mover dinero, abastecer sus negocios o mantenerlos funcionando durante los frecuentes cortes eléctricos.
También señaló que la reducción del turismo ha privado al país de una de sus principales fuentes de divisas. Como ejemplo de la pérdida de confianza empresarial, mencionó la retirada de la cadena hotelera española Meliá, que alegó importantes dificultades operativas, jurídicas, económicas y financieras.
Soberón insistió en que la participación de compañías estadounidenses y la posibilidad de mantener comercio directo entre los dos países facilitarían considerablemente la aplicación de las reformas. Según su razonamiento, Cuba puede modificar sus leyes, pero tendrá pocas posibilidades de atraer proyectos importantes mientras Washington mantenga las actuales restricciones financieras y comerciales.
William LeoGrande, profesor de la American University y especialista en las relaciones entre ambos países, coincidió parcialmente con ese argumento. El experto considera que las sanciones dificultan la llegada de capital y que la apertura tendrá escasas posibilidades de éxito sin algún alivio por parte de Estados Unidos.
Sin embargo, la tesis presentada por el embajador deja en segundo plano la responsabilidad del propio Gobierno cubano. La burocracia, la falta de garantías jurídicas, el predominio de las empresas estatales y los cambios arbitrarios en las reglas han frenado durante años a los empresarios nacionales y extranjeros.
Estados Unidos anuncia nuevas sanciones contra Cuba
Las declaraciones de Soberón se conocieron después de que Washington impusiera otra ronda de sanciones contra tres funcionarios cubanos y nueve entidades estatales vinculadas con la minería, la metalurgia, el comercio exterior y la construcción.
Entre los organismos castigados aparece el Ministerio de la Construcción. Estados Unidos también sancionó a directivos del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, al que Rubio acusa de utilizar intercambios culturales y educativos para desarrollar actividades de influencia contra territorio estadounidense.
El canciller Bruno Rodríguez rechazó las medidas y aseguró que afectarán la importación de alimentos, medicamentos y equipos médicos, incluidos productos adquiridos por pequeñas empresas privadas.
El Departamento de Estado dejó claro que no planea detener esa estrategia. Rubio afirmó que Washington seguirá identificando y cerrando las vías utilizadas por el Gobierno cubano para escapar de la presión económica.
El secretario de Estado considera que Cuba mantiene un modelo fallido y que sus dirigentes desean mejorar parcialmente la economía, pero temen avanzar demasiado porque una mayor independencia económica de los ciudadanos podría debilitar el control político del régimen.
Cuba promete abrir su economía al sector privado
La Asamblea Nacional aprobó en junio más de 176 medidas que, si son aplicadas como se anunciaron, modificarían profundamente el modelo económico cubano.
Las reformas permitirían la entrada de bancos privados, inversiones inmobiliarias y la venta de determinadas propiedades estatales a ciudadanos, empresas extranjeras y cubanos residentes en el exterior.
Los empresarios podrían poseer más de un negocio, contratar a más de 100 trabajadores y realizar importaciones y exportaciones sin depender siempre de una entidad estatal intermediaria. También se permitirían proyectos privados en sectores como energía, turismo, bienes raíces, marinas y servicios de alimentación.
El paquete representa uno de los cambios económicos más amplios aprobados desde 1959. No obstante, todavía se desconoce cuándo entrarán plenamente en vigor muchas de las medidas y qué regulaciones utilizará el Gobierno para aplicarlas.
John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, señaló que faltan dos pasos fundamentales: que La Habana convierta sus promesas en reglas concretas y que Washington permita una mayor participación de compañías estadounidenses.
El especialista destacó que Cuba ha adoptado en los últimos meses más cambios comerciales y financieros que durante largos períodos posteriores a la Revolución. La rapidez de la apertura, sin embargo, parece responder menos a una transformación ideológica que a la pérdida de ingresos y al creciente deterioro económico.
Christopher Hernandez-Roy, investigador del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, recordó que la apertura desarrollada durante la Administración de Barack Obama fue frenada posteriormente por las propias autoridades cubanas, preocupadas porque el crecimiento del sector privado pudiera amenazar su control político.
Esa experiencia deja una pregunta sin resolver: si el régimen permitirá realmente que los negocios privados prosperen o volverá a limitar su crecimiento cuando recupere cierto margen económico.
El combustible muestra las contradicciones
Cuba ya autorizó a cerca de 200 empresas privadas a distribuir combustible al por mayor y aprobó su primera empresa con inversión extranjera destinada a importarlo y comercializarlo.
Una parte del combustible estadounidense también ha llegado mediante excepciones que permiten venderlo al sector privado. Sin embargo, sus elevados precios lo mantienen fuera del alcance de la mayoría de los cubanos, mientras una cantidad indeterminada termina revendida en el mercado informal.
Aunque La Habana afirma querer desarrollar empresas independientes, el combustible importado todavía debe pasar por puertos, depósitos e infraestructuras controladas por compañías estatales sancionadas. Esa dependencia dificulta separar los negocios privados del aparato económico del régimen y aumenta los riesgos para posibles inversionistas.
Soberón sostuvo que, aunque “Cuba está cambiando mucho”, Washington mantiene una “política de agresión hacia el pueblo cubano”. Con esa afirmación, el diplomático presentó las sanciones como el elemento que impide comprobar si las reformas pueden funcionar.
El embajador confirmó además que representantes de Estados Unidos y Cuba mantienen conversaciones. Se negó a revelar los asuntos tratados porque, según dijo, se trata de contactos “muy sensibles”.
Para los cubanos, la disputa repite un esquema conocido. El régimen responsabiliza a Washington por el deterioro económico y presenta como grandes reformas libertades empresariales que él mismo negó durante décadas. Estados Unidos, al mismo tiempo, endurece unas sanciones que también complican el funcionamiento de los negocios privados que dice respaldar.
La verdadera prueba no estará en las declaraciones del embajador ni en los anuncios de la Asamblea Nacional, sino en si el Gobierno cubano permite que los ciudadanos desarrollen empresas independientes, acumulen patrimonio y conserven sus negocios sin quedar nuevamente sometidos a decisiones políticas.
