Una jueza federal de Rhode Island anuló definitivamente la política de la administración de Donald Trump que pretendía restringir el acceso de ciertos inmigrantes a programas financiados por el Gobierno de Estados Unidos, entre ellos las clínicas comunitarias de salud, los centros preescolares Head Start y programas de educación para adultos.
La decisión fue adoptada esta semana por la jueza de distrito Mary McElroy, quien ya había bloqueado temporalmente la medida en 2025. Por esa razón, las restricciones nunca llegaron a aplicarse. Ahora, el tribunal declaró ilegales las disposiciones y ordenó dejarlas sin efecto, informó Associated Press.
Una medida que podía afectar a inmigrantes con distintos estatus
La política propuesta por la administración de Donald Trump buscaba ampliar la interpretación de una ley federal de 1996, conocida como PRWORA, para incluir entre los llamados “beneficios públicos federales” una mayor cantidad de programas sociales.
La medida podía afectar tanto a inmigrantes ilegales como a algunos extranjeros con autorizaciones temporales de permanencia o trabajo, que fueran considerados como “no calificados” para determinados beneficios.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) había justificado la medida como una forma de garantizar que los recursos financiados con fondos públicos se destinaran a quienes, según su interpretación, tenían derecho a recibirlos. Varios estados demandaron al Gobierno federal y cuestionaron tanto el alcance de la medida como el procedimiento utilizado para modificar la política vigente.
La Ley de Procedimiento Administrativo fue clave en el fallo
Al comunicar su decisión, McElroy determinó que las agencias federales no podían impulsar estos cambios sin cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo, que contempla un proceso de notificación y comentarios públicos.
El fallo señala que las agencias involucradas pueden intentar establecer nuevas reglas sobre los beneficios públicos en el futuro, pero deberán hacerlo mediante el procedimiento administrativo correspondiente.
La disputa se remonta a julio de 2025, cuando varias agencias de la administración de Trump modificaron su interpretación de la PRWORA, una legislación aprobada en 1996 que establece restricciones para determinados beneficios públicos federales.
En septiembre de ese año, la jueza McElroy ya había impedido la aplicación de las nuevas disposiciones en los estados demandantes. Otro tribunal federal también bloqueó específicamente su aplicación al programa Head Start a nivel nacional.
Con la nueva sentencia de esta semana, las disposiciones impugnadas quedan anuladas definitivamente y no podrán ser aplicadas en su forma actual. Sin embargo, el Gobierno federal conserva la posibilidad de proponer nuevas regulaciones sobre el acceso a estos programas si cumple con los procedimientos exigidos por la ley.
