El vicecanciller de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos R. Fernández de Cossío, defendió la legalidad de las importaciones de combustible a la Isla y hasta acusó de “piratería” al gobierno de Estados Unidos, tras la incautación de 90 cargamentos destinados a una empresa castrista sancionada.
En una declaración publicada en redes sociales, el funcionario sostuvo que tanto las entidades estatales como las privadas pueden importar combustibles desde cualquier país. “Es importante precisar qué es legal y qué no lo es”, escribió al presentar sus argumentos sobre las operaciones comerciales y las medidas estadounidenses.
Fernández de Cossío afirmó que esas compras se ajustan a la legislación cubana y al Derecho Internacional. También defendió las actividades posteriores a la importación: “Disponer, almacenar, distribuir y comercializar ese combustible dentro del territorio cubano también es legal, como lo es transportarlo en aguas internacionales”.
El vicecanciller calificó de ilegales las amenazas de represalias contra Estados que exporten combustible a Cuba. Extendió ese señalamiento a las presiones sobre empresas exportadoras y transportistas de terceros países que participen en esas operaciones.
“Es ilegal hostigar e interceptar en aguas internacionales buques que transporten combustibles a Cuba, como es ilegal la piratería y el pillaré. Es ilegal, inmoral y criminal someter a un pueblo entero a la asfixia económica como castigo colectivo con fines políticos”, dijo el funcionario.
En una conferencia de prensa celebrada este miércoles, funcionarios de EEUU dieron detalles sobre la incautación de dicho cargamento en puertos de Florida y Texas, cuyo valor es cercano a los tres millones de dólares.
Las autoridades federales sostienen que investigan un presunto esquema para eludir restricciones de exportación y enviar combustible a una entidad estatal cubana sancionada por Washington.
La conferencia de prensa se celebró en Miami y reunió a representantes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio.
Las pesquisas comenzaron semanas antes de las incautaciones. A principios de septiembre, funcionarios analizaron información comercial y datos de inteligencia sobre embarques procedentes de Port Everglades, en Florida, y del puerto de Houston, en Texas. Ese seguimiento permitió identificar envíos cuyo destino declarado o previsto era La Habana.
La mayor intervención ocurrió en Port Everglades, donde las autoridades retuvieron 71 tanques de almacenamiento con aproximadamente 500.000 galones de biodiésel. En Houston detuvieron otros 19 cargamentos con cerca de 120.000 galones adicionales. En conjunto, las operaciones impidieron que alrededor de 620.000 galones llegaran a Cuba.
Según las agencias federales, el destinatario final era ENETEC S.A., una compañía mayorista del sector energético con sede en La Habana. La empresa quedó sujeta en julio a medidas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Para los investigadores, esa condición resulta central en las presuntas infracciones relacionadas con los suministros.
Fundada en 2019 y con sede en La Habana, la referida compañía desarrolla actividades de importación, exportación y distribución mayorista de combustibles líquidos, sólidos y gaseosos. Su actividad comercial también incluye lubricantes y otros productos derivados del petróleo destinados al sector energético cubano.
La empresa también tiene vínculos con Lux Sky Cargo, una empresa de envíos de automóviles y mercancías desde Miami hacia Cuba a la que a mediados de septiembre le fue revocada su licencia fiscal local por la Oficina del Recaudador de Impuestos de Miami-Dade.
La información aportada también menciona al buque Grace, interceptado en septiembre, que transportaba combustible en tanques de lastre, normalmente utilizados para agua de mar. Los investigadores vinculan ese método con intentos de evadir controles.
