Una orden de deportación incumplida terminó convirtiéndose en una deuda judicial de 668.390,95 dólares para una inmigrante en Florida. El caso refleja hasta dónde pueden llegar las consecuencias económicas de permanecer en Estados Unidos después de recibir una orden definitiva de expulsión.
La afectada es Kenia Elizabeth Vásquez Dubón, contra quien un tribunal federal del Distrito Sur de Florida dictó sentencia en rebeldía. Aunque el fallo fue firmado el 1 de octubre de 2026, el Departamento de Justicia estadounidense divulgó la decisión mediante un comunicado oficial publicado el 21 de octubre.
La resolución convierte una sanción migratoria administrativa en una obligación de pago reconocida judicialmente, que continuará generando intereses mientras permanezca pendiente.
¿Cómo acumuló una inmigrante una multa de 668.390 dólares por no cumplir su deportación?
El expediente establece que el 22 de julio de 2022 un juez de inmigración ordenó deportar a Vásquez Dubón hacia Honduras. La decisión adquirió carácter definitivo el 23 de agosto de ese mismo año.
Según las autoridades federales, la mujer fue advertida de que permanecer en territorio estadounidense podía generar multas civiles diarias. Posteriormente recibió varias notificaciones, incluido un aviso de intención de multa y una factura que reclamaba el pago.
Sin embargo, continuó en Estados Unidos. El Gobierno acudió entonces a la justicia federal para reclamar el dinero acumulado. El juez Ed Artau consideró que existió un incumplimiento deliberado de la orden migratoria y concedió la petición gubernamental de sentencia en rebeldía.
El importe reconocido comprende penalizaciones calculadas a razón de 998 dólares diarios, además de intereses legales acumulados. La sentencia establece también que la deuda seguirá devengando intereses calculados diariamente y capitalizados anualmente hasta su liquidación.
El Departamento de Justicia no precisó si la mujer dispone de recursos suficientes para afrontar la cantidad reclamada ni informó sobre una deportación efectiva.
Multas migratorias en EEUU: cubanos también enfrentan deudas de cientos de miles de dólares
El caso tiene especial relevancia para la comunidad cubana, donde ya se han documentado sanciones económicas de magnitud semejante.
En julio de 2025 se conoció el caso de un cubano multado con aproximadamente 690.000 dólares por permanecer en EEUU pese a tener una orden de deportación. El afectado aseguró que las autoridades cubanas se negaban a recibirlo, una circunstancia que complicaba su salida del territorio estadounidense.
Otro episodio divulgado en marzo de 2026 involucró a un inmigrante cubano que enfrentaba una sanción superior a 1,8 millones de dólares. El hombre sostuvo que nunca había recibido información oficial sobre la orden de expulsión que originó la penalización.
Estas situaciones adquieren mayor importancia ante el aumento de los procedimientos migratorios. Entre octubre de 2025 y junio de 2026, más de 4.000 cubanos recibieron órdenes de deportación en Florida, según registros federales difundidos durante el verano.
No obstante, recibir una orden de deportación no significa que automáticamente se imponga una multa de cientos de miles de dólares. Las circunstancias individuales, las notificaciones, los procedimientos administrativos y las posibles protecciones migratorias resultan determinantes.
Un fallo judicial pone en discusión las multas de 998 dólares diarios
La sentencia de Florida aparece en medio de una controversia judicial sobre la legalidad del procedimiento utilizado por la administración de Donald Trump para imponer estas sanciones.
El 30 de septiembre de 2026, un juez federal de Massachusetts suspendió provisionalmente la aplicación de una normativa de 2025 que había acelerado la imposición de multas migratorias. La medida fue divulgada públicamente el 6 de octubre, mientras continúa el litigio conocido como Maria L. contra Mullin.
Posteriormente, el 14 de octubre, los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia publicaron una regulación definitiva sobre estas penalizaciones. Su aplicación sigue planteando cuestiones jurídicas, especialmente respecto a las multas emitidas bajo el procedimiento impugnado.
Por ahora, no está establecido que la decisión de Massachusetts invalide automáticamente la sentencia individual contra Vásquez Dubón.
También es importante distinguir estas penalizaciones de las correspondientes al incumplimiento de una autorización de salida voluntaria. Una resolución migratoria reciente confirmó sanciones de entre 1.000 y 5.000 dólares por incumplir determinados plazos de salida voluntaria, bajo disposiciones legales diferentes.
Para quienes recibieron una deportación por no comparecer ante una corte, la legislación contempla mecanismos de impugnación en determinadas circunstancias. Entre ellos se encuentra la solicitud de reapertura de una orden de deportación dictada en ausencia, cuyos requisitos y plazos dependen de cada expediente.
La nueva sentencia confirma que las autoridades federales continúan recurriendo a los tribunales para reclamar multas migratorias elevadas, aunque su imposición y cobro pueden estar sujetos a impugnaciones judiciales.
