La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar si el presidente Donald Trump tiene autoridad para impedir que los inmigrantes soliciten asilo al llegar a la frontera sur del país, una de las principales medidas de su política migratoria.
El máximo tribunal anunció que examinará la legalidad de una prohibición establecida por el mandatario republicano el 20 de enero de 2025, durante el primer día de su segundo mandato, informó Telemundo 51.
Los magistrados prevén emitir un fallo antes de finales de junio. Mientras tanto, la medida continuará vigente, pese a que dos instancias federales determinaron que la administración se extralimitó en sus facultades.
La controversia gira en torno a una proclamación presidencial que declaró una supuesta situación de invasión en la frontera sur. Entre sus disposiciones, permite expulsar inmediatamente a personas que ingresen sin la documentación requerida, sin ofrecerles la posibilidad de presentar una solicitud de asilo.
La decisión de la Corte Suprema podría establecer hasta dónde llegan las facultades del presidente para restringir el acceso a ese mecanismo de protección, regulado por una ley federal aprobada por el Congreso.
La disputa entre el gobierno y las organizaciones defensoras de inmigrantes
La administración Trump sostiene que el presidente tiene amplias facultades constitucionales y legales para impedir la entrada de extranjeros cuando considere que su presencia puede perjudicar los intereses de EEUU.
El procurador general ante la Corte Suprema, D. John Sauer, defendió la política mediante documentos judiciales y argumentó que responde a las competencias inherentes y delegadas del mandatario.
Sauer también invocó una disposición de la legislación migratoria que permite al presidente suspender o restringir el ingreso de extranjeros cuando considere que su entrada perjudica los intereses nacionales.
La prohibición fue impugnada por 13 personas cuyos nombres permanecen reservados y tres organizaciones: el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (RAICES), el Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas y el Proyecto Florence para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados.
Los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representan a los demandantes, consideran que la medida contradice la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Esa legislación establece procedimientos para que los extranjeros puedan solicitar protección cuando temen sufrir persecución o tortura si regresan a sus países de origen.
En julio de 2025, el juez federal Randolph Moss, de Washington, falló contra el gobierno y concluyó que el presidente no podía sustituir mediante una proclamación los procedimientos migratorios establecidos por el Congreso.
En abril de 2026, el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó esa decisión. Posteriormente, la administración recurrió al máximo tribunal para intentar revertir los fallos.
