El 23 de febrero de 2026, el Undécimo Circuito emitió una decisión clave que afectará a muchas familias cubanas que fueron detenidas en la frontera y liberadas bajo un formulario I-220A.
El fallo ha generado preocupación y confusión entre los cubanos, que esperan regularizar su situación migratoria bajo la Ley de Ajuste Cubano. Los abogados de inmigración Anabel Fernández y Carlos Pontón aclararon el tema en un contacto exclusivo con Periódico Cubano.
Según los especialistas, el tribunal revisó si la detención de estas personas se había producido bajo la Sección 235, que permitiría que fueran liberadas con un parole humanitario, lo que les haría elegibles para la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Esta distinción es crucial porque, si la detención se llevó a cabo bajo la Sección 235, la liberación solo podría haber ocurrido bajo un parole humanitario, lo que las haría elegibles para la residencia. Sin embargo, si fueron procesados bajo la Sección 236, no calificarían para la residencia.
El caso llegó al Undécimo Circuito luego de que un juez de inmigración negara la residencia por ajuste cubano a varias familias cubanas, quienes apelaron la decisión. En el proceso judicial, el gobierno sostenía que las personas fueron procesadas bajo la Sección 236, lo que les impidió acceder al parole humanitario.
Sin embargo, con el cambio de administración en Estados Unidos, el gobierno adoptó una nueva postura, argumentando que estas personas deberían haber sido procesadas bajo la Sección 235.
La Corte, sin embargo, no decidió si la liberación bajo un parole humanitario se debió a la ley, sino que anuló las decisiones previas de la Junta de Apelaciones y ordenó que se revisaran los casos a la luz del nuevo argumento del gobierno.
Entonces, este fallo deja abierta la posibilidad de que el caso sea analizado nuevamente, tomando en cuenta las implicaciones de la nueva postura. Aunque la decisión judicial no resuelve el problema de inmediato, abre la puerta a nuevas interpretaciones y argumentos legales.
Los abogados de inmigración sugieren que el caso sigue siendo relevante para los cubanos con un I-220A, ya que puede influir en futuras decisiones que determinen si calificarán para la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.
Sin embargo, la decisión no tiene carácter vinculante, lo que significa que no obliga a la Junta de Apelaciones a aplicar la misma conclusión en todos los casos. En tal sentido, se insta a los cubanos a no dejarse llevar por rumores y a consultar a un experto legal para evaluar su situación de manera individual.
