
Dos abogados de Miami analizaron las posibles consecuencias legales que enfrentaría Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, el piloto de combate de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, que ahora vive en Estados Unidos, después de su participación en la operación de persecución y derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, donde murieron cuatro personas.
Según Nelson Rodríguez Varela, exfiscal, y Marcell Felipe, presidente de la fundación Inspira América y del Museo de la Diáspora Cubana, existe jurisdicción y precedentes para encausar al aviador ahora que está en territorio estadounidense. En ese sentido, aclaran que hay pruebas suficientes de su participación en el incidente ocurrido en aguas internacionales.
Aunque Pardo Rodríguez no haya disparado directamente, su participación activa en la misión lo convierte en cómplice de conspiración para cometer asesinato, dijeron los especialistas durante la emisión de un programa de la televisora América TeVé. La ley estadounidense permite procesar a individuos que hayan contribuido a un delito grave, incluso si no ejecutaron el acto final.
Los abogados señalan que si el gobierno federal decide no actuar por razones políticas, las autoridades estatales de Florida tienen la capacidad legal para llevar a juicio al piloto bajo leyes antiterroristas y estatutos de conspiración. Aseguran que no hay estatuto de limitaciones para casos de asesinato.
Además, destacan que la participación de agentes cubanos como René González y Juan Pablo Roque en infiltraciones y espionaje dentro de Estados Unidos fortalece la jurisdicción estadounidense sobre el caso. Por ejemplo, Gerardo Hernández, otro implicado, ya fue condenado por su participación en la red Avispa y el derribo de las avionetas. Sin embargo, pese a su cadena perpetua, fue liberado por el presidente demócrata Barack Obama en un intercambio con el régimen de Raúl Castro.
Los familiares de las víctimas del fatídico derribo de las avionetas buscan que Pardo-Rodríguez enfrente a la justicia y no simplemente sea deportado de EEUU. Consideran que su testimonio podría ser clave para encausar a altos mandos del gobierno cubano, incluyendo a Raúl Castro, a quien señalan como arquitecto del ataque.
El objetivo principal es garantizar que los responsables rindan cuentas y que se haga justicia para las víctimas y sus familias. Una conferencia de prensa sobre el tema está programada para el próximo martes 24 de septiembre en el Museo de la Diáspora Cubana. Los abogados invitan al exilio cubano y a los líderes electos a unirse en la petición de justicia y a exigir acciones concretas por parte de las autoridades.