Directivos de Recursos Hidráulicos y de la Empresa Provincial de Acueducto y Alcantarillado de Matanzas reconocieron recientemente que 325.000 personas sufren afectaciones en el abasto de agua, en una provincia donde el servicio depende de sistemas eléctricos golpeados por apagones de hasta 18 y 20 horas.
La crisis, expuesta en una intervención oficial, combina falta de corriente, bombas dañadas, escasez de combustible, precios abusivos de pipas privadas y denuncias por manipulación de válvulas en barrios afectados.
“Si no hay corriente, no tienen agua”, resumieron al explicar que los apagones impiden sostener los ciclos de bombeo. La declaración revela el vínculo directo entre el colapso eléctrico y la falta de agua en los hogares matanceros.
Según la explicación oficial, la situación más grave no se concentra solo en una rotura puntual, sino en la incapacidad de mantener activos los sistemas de bombeo. Varias ciudades necesitan entre 10 y 15 bombas funcionando, pero en algunos casos solo operan dos o tres.
Los directivos señalaron que el sistema de Matanzas debe trabajar con presión constante, porque sin ese régimen no se garantiza la distribución hacia las zonas altas.
Robo de agua y manipulación de válvulas
Un punto polémico fue la manipulación de válvulas. Los directivos indicaron que en Matanzas se operan más de 29 válvulas diarias, algunas en varias ocasiones.
También señalaron casos en la barriada de Baños, Versalles y Los Mangos. Incluso mencionaron a un ciudadano en motorina que, según ellos, estaría operando válvulas sin autorización. “Sí, están manipulando las válvulas”, reconocieron.
Las denuncias alcanzan también a trabajadores del sistema. Ante señalamientos sobre posibles pagos a operadores para favorecer a determinados barrios, los directivos dijeron que no han podido probar ningún caso con evidencias.
Sin embargo, admitieron que han cambiado o rotado a más de cinco operadores, una medida que deja dudas sobre el control interno en un servicio esencial.
La parte más controvertida de la intervención llegó cuando se habló de los llamados “ladrones de agua”. Uno de los funcionarios intentó suavizar el término y lo definió como “extracción de agua con métodos mecánicos”.
Según explicó, cuando una persona coloca una bomba para succionar la poca agua que entra por la tubería, genera vacío, cavitación, suciedad y posibles roturas. El señalamiento traslada parte de la responsabilidad a ciudadanos desesperados por un servicio que el Estado no logra garantizar.
Apagones afectan el abasto de agua
Los apagones también han provocado un aumento de averías. La empresa reconoció que este año se han quemado 60 bombas más que en igual período anterior. Además, el índice de rotura casi diario oscila entre ocho y diez equipos.
Una bomba, según los funcionarios, está diseñada para cuatro arranques al día, pero en medio de los cortes eléctricos puede recibir hasta siete disparos. Ese estrés técnico acelera el deterioro de equipos antiguos.
La falta de electricidad y combustible limita además el uso de carros cisterna. Acueducto afirmó que antes abastecía por pipa a unas 12.000 personas, pero ahora debe intentar llegar a más de 100.000. “Es imposible”, admitieron. En algunas comunidades, la respuesta oficial se reduce a esperar que regrese la corriente o buscar una solución por cuenta propia.
Esa situación abrió espacio a precios considerados abusivos. Durante la conversación se dijo que una pipa de agua puede costar 200 pesos en el sistema estatal y venderse luego hasta en 12.000 pesos por actores privados.
Los propios funcionarios reconocieron que el tema requiere intervención del gobierno, porque se trata de agua y no todos los ciudadanos pueden pagar esas tarifas en medio de la crisis económica.
La crisis ha llevado a vecinos a abrir pozos particulares. Los funcionarios reconocieron que muchas personas lo hacen porque las soluciones habituales, como la red, las cisternas o las pipas, ya no llegan.
También aclararon que, para uso personal y bajo ciertos límites, puede ser legal abrir un pozo dentro de la propiedad. Sin embargo, alertaron que esa agua debe analizarse, porque el consumo sin certificación puede provocar enfermedades.
