Florida podría ser uno de los estados más beneficiados de un acuerdo millonario en el marco de la crisis de los opioides (drogas analgésicas) en Estados Unidos. Un tribunal debe decidir si aprueba una sanción de $225 millones contra Purdue Pharma, la empresa detrás de OxyContin.
La cifra de dinero forma parte de un acuerdo global que resolvería miles de demandas por la distribución de analgésicos. De aprobarse, el acuerdo podría comenzar a implementarse el 1 de mayo.
¿Quiénes podrían ser compensados en Florida?
El acuerdo contempla la distribución de fondos a las personas directamente afectadas por el consumo de opioides, así como a los familiares de las víctimas.
El acceso a estas compensaciones dependerá de las reglas del acuerdo y de los procesos legales establecidos para la reclamación.
Florida, uno de los estados más afectados por la epidemia, forma parte de las jurisdicciones que podrían beneficiarse de este fondo, que también se destinaría a programas de tratamiento, prevención y respuesta a sobredosis.
¿De dónde provienen los fondos del acuerdo?
El acuerdo de $225 millones tiene como objetivo evitar sanciones adicionales, permitiendo que se active el acuerdo global para enfrentar la crisis.
A cambio, el gobierno federal renunciaría a la recuperación de unos $8.100 millones en decomisos penales y responsabilidades civiles.
Además, miembros de la familia Sackler, antiguos propietarios de Purdue, se comprometen a aportar hasta $7.000 millones durante los próximos 15 años.
La mayor parte de esos fondos se destinaría a gobiernos estatales, locales y comunidades tribales, pero también se incluirían compensaciones para los afectados directos. Purdue Pharma cambiaría su modelo operativo y se transformaría en una nueva entidad, Knoa Pharma, administrada por una junta designada por los estados.
Reestructuración y reacciones al acuerdo
Purdue Pharma ha invertido más de $1.000 millones en honorarios legales y servicios profesionales desde el inicio del proceso judicial. Aunque el acuerdo parece ofrecer una solución financiera significativa, ha generado controversia.
Ningún miembro de la familia Sackler ha enfrentado cargos penales, a pesar de que entre 2008 y 2018 recibieron más de $10.700 millones en pagos de la compañía.
El acuerdo incluye protecciones legales para la familia Sackler frente a futuras demandas por opioides, lo que ha levantado críticas, ya que limita la posibilidad de nuevas acciones legales contra ellos. Esto es especialmente polémico, dado que la crisis de opioides ha sido responsable de cerca de 900.000 muertes en Estados Unidos desde 1999.
Un pacto con críticas y expectativas divididas
Más de 54.000 reclamantes han respaldado el acuerdo, pero un grupo minoritario se opone, argumentando que no establece suficientes responsabilidades individuales.
Además, persisten dudas sobre cómo se utilizarán los fondos destinados a mitigar la crisis. Parte de los afectados teme que los recursos previamente asignados no hayan sido usados de manera efectiva en la lucha contra la epidemia.
La decisión judicial pendiente no solo definirá el futuro de Purdue Pharma, sino que también establecerá un precedente crucial sobre cómo el sistema legal de EEUU maneja la responsabilidad corporativa y la compensación de las víctimas de una de las crisis de salud pública más graves de las últimas décadas.
