El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) difundió un video sobre cómo Cuba continúa siendo una amenaza persistente de espionaje para Washington.
El contenido, divulgado en las cuentas oficiales de la agencia, lleva por título Your FBI: Counterintelligence – Cuba: The Neighborhood Spy (Tu FBI: Contrainteligencia – Cuba: el espía del vecindario).
El video muestra a representantes de la División de Contrainteligencia y Espionaje explicando por qué la Isla, a solo 90 millas de territorio estadounidense, continúa ocupando un lugar relevante en la agenda de seguridad nacional de EEUU.
Los protagonistas son el director ejecutivo senior para Compromiso Externo de la División de Contrainteligencia y Espionaje, Josh Obsfeld; la agente especial, Aliza; y la analista nacional de inteligencia senior para contrainteligencia, Tiffany.
Según la agente especial Aliza, Cuba ha mantenido durante años una capacidad de espionaje desproporcionada en relación con su tamaño. “A pesar de ser una isla pequeña, ha logrado convertirse en un problema persistente para EEUU debido a la efectividad de sus operaciones de inteligencia”, indicó.
Los funcionarios del FBI sostuvieron que el régimen castrista considera a EEUU una amenaza directa para su supervivencia y, por ello, ha protegido el financiamiento de sus servicios de inteligencia incluso en medio de crisis económicas extremas.
Tiffany recordó que, durante el Período Especial de los años noventa, Cuba perdió los subsidios de la desaparecida Unión Soviética, pero aun así preservó los recursos destinados para su aparato de espionaje.
Para las autoridades estadounidenses, un momento decisivo en la comprensión de esa amenaza ocurrió en 1987. Ese año, el desertor Florentino Aspillaga reveló que casi todos los agentes que la CIA creía que manejar dentro de Cuba trabajaban en realidad como dobles agentes al servicio del gobierno de Fidel Castro.
Aliza describió aquella revelación como un golpe demoledor para la inteligencia estadounidense. A partir de entonces, el FBI intensificó sus pesquisas sobre una estructura de infiltración conocida como “La Red”, integrada por agentes cubanos insertados en instituciones estadounidenses.
Según Aliza, varios de ellos habían sido captados desde sus años de formación académica en universidades de la Ivy League, donde La Habana aprovechó afinidades ideológicas y simpatías hacia la revolución cubana para reclutarlos con antelación.
Entre los casos más notorios figura el de Ana Belén Montes, la principal analista sobre Cuba en la Agencia de Inteligencia de Defensa, que se declaró culpable en 2002 de entregar información clasificada a Fidel Castro.
El FBI sostiene que Montes reveló incluso identidades de agentes encubiertos estadounidenses. La justicia federal la condenó a 25 años de prisión, convirtiéndose su caso en uno de los expedientes emblemáticos del espionaje cubano dentro de la estructura de seguridad de EEUU.
En enero de 2023, Montes fue liberada antes de la fecha informada por el Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés). Ella se encontraba recluida en el Federal Medical Center (FMC) Carswell, en Forth Worth, Texas.
Por el momento, continúa en libertad condicional sin acceso a internet, bajo un monitoreo constante y tiene prohibido trabajar para cualquier gobierno, además de que tampoco puede contactar a agentes extranjeros.
También sobresale el expediente de Walter Kendall Myers y su esposa, Gwendolyn Steingraber Myers. El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) informó que ambos fueron condenados en 2010 por participar en una conspiración de casi 30 años para suministrar información altamente clasificada a Cuba.
Myers recibió cadena perpetua, mientras su esposa fue sentenciada a 81 meses de prisión. El caso reforzó la tesis de que la inteligencia cubana ha apostado por relaciones de largo plazo, construidas con paciencia y cobertura ideológica, para penetrar instituciones sensibles del gobierno estadounidense.
Más reciente es el caso de Víctor Manuel Rocha, exembajador de EEUU en Bolivia y exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional. El DOJ anunció en abril de 2024 que Rocha fue sentenciado a 15 años de prisión tras admitir que actuó durante décadas como agente encubierto del castrismo.
